El texto incluye entrevistas a 102 personas, el análisis de documentos, a recepción de testimonios mediante correos electrónicos e inspección de algunos lugares. El provincial, acompañado de María de los Ángeles Solar, directora del centro de prevención de abusos y reparación de la Compañía de Jesús, resumió los resultados: además de caso de Marcela Aranda -la primera denunciante- otras 21 mujeres sufrieron abuso del religioso entre 1960 y 2008. "Dieciséis se refieren a abusos sexuales de mujeres mayores de edad consistentes en un abordaje sexual inesperado y violento, en que intempestivamente se intenta besar y tocar a la víctima", especificó. "Además, 4 de estos 22 casos corresponden a abusos sexuales de menores de 18 años por parte del indagado, referidos fundamentalmente a besos y tocaciones de connotación sexual", agregó.
El informe también reveló que en 48 años, Poblete "mantuvo 6 relaciones estables por algún periodo de tiempo". No todas las denuncias están planteadas como testimonios o abusos, pero el investigador -dijo Del Campo- cree que sí hubo aspectos abusivos en al menos cinco de esas seis relaciones. La indagación también detectó otras personas que podrían haber sufrido abusos, pero «no se pudo tener el testimonio de la posible víctima porque no se logró contactarla, se encontraba fallecida o bien, siendo contactada no quiso declarar". En el caso de los tres abortos que la denunciante Marcela Aranda mencionó producto de su relación con el jesuita, según Cristián del Campo "aún cuando no se conoció de otros casos que involucraran abortos, el investigador consideró que en al menos uno de ellos habría antecedentes que corroboran la participación de Renato Poblete Barth".
Sobre las denuncias de posibles violaciones grupales, la investigación no encontró antecedentes externos, pero dada la gravedad de la situación, se pondrán los antecedentes a disposición del ministerio público. El provincial de la Compañía de Jesús dilo que "la investigación pudo determinar los patrones de conducta utilizados por el sacerdote, tales como la focalización en personas con vulnerabilidades económicas o emocionales, la ayuda económica sistemática, la posición de poder social y religioso, la utilización de la confianza con el entorno familiar de las víctimas, las demostraciones de poder y la violencia de género, entre otras" Reiteró que el religioso "abusó de manera reiterada, grave y sistemática, amparado en el poder que le otorgaba su condición de sacerdote, en el dinero que manejó de manera personal, y en el prestigio que su labor apostólica le otorgó".
La orden religiosa instó a las víctimas a que ejerzan sus derechos en los tribuna es correspondientes Para eso se les dio el contacto del fiscal correspondiente. Según De Campo, "existió un número significativo de personas, jesuitas y laicos, que tuvieron alguna información de comportamientos inadecuados de connotación sexual del sacerdote", a través de rumores o comentarios de terceros, pero que el investigador "no acreditó la existencia de encubrimiento". A menos dos jesuitas recibieron información directa de las víctimas, uno de ellos es Juan Ochagavía, superior provincial de esa época. "Esta verdad que hoy compartimos con ustedes nos llena de vergüenza por este y otros casos de abusos que involucran a miembros de la Compañía de Jesús", dijo el actual provincial, quien pidió perdón y delineó un camino para que los abusos no vuelvan a ocurrir.