Luego que se informara —el jueves pasado— que la aseguradora Liberty no pagaría la indemnización a familiares de las víctimas del accidente del bus Línea Azul, pues la patente estaba adulterada, esa compañía emitió un nuevo comunicado revirtiendo su decisión, al señalar que si bien “reitera que no tiene vinculación alguna” con el vehículo siniestrado, había optado por “ir en ayuda de las familias de los pasajeros que fallecieron”.
Ayer, ejecutivos de Liberty comenzaron a contactarse con las familias de las víctimas para informarles que “sin estar legal o contractualmente obligada”, la empresa había resuelto “entregar un monto equivalente a lo que hubieran recibido de haber contado con un seguro obligatorio de accidentes personales válido y vigente”.
Leslie Ceballos, madre de la pequeña Florencia Fernández (9), fallecida en la tragedia, confirmó que fue informada del cambio de decisión. “Me dijeron que ellos se iban a hacer cargo de un pago equivalente al seguro, pero no explicaron a qué se referían”, dijo, agregando que “yo les respondí que esto lo hacían solo como reacción a la presión mediática”.
La aseguradora afirmó que “tomará las acciones legales en contra de quienes resulten responsables” para que estas situaciones “no se repitan”.
Alberto Escobar, gerente de Movilidad del Automóvil Club de Chile, destacó la decisión de Liberty y consideró que “esto es una buena noticia, en la medida que finalmente se cumpla”.
A juicio del especialista, “en esta decisión, que van a efectuar fuera de contrato, debieran indemnizar por el monto que la ley establece para el caso de pasajeros fallecidos, que es de 400 UF ($11 millones)”, señaló.
Juan Carlos Manríquez, defensor del dueño de la empresa de buses, Marcelo Hernández —quien permanece en prisión preventiva desde que fue formalizado por su presunta responsabilidad en el dolo eventual en seis delitos de homicidio—, dijo que “Línea Azul se encontraba haciendo las gestiones personales y directas también con aseguradoras, a objeto de ir en apoyo de las víctimas” y que el jueves conocieron que “Liberty había dispuesto cubrir lo que esas pólizas establecían. Además, seguimos colaborando con la investigación”.
Operadores de seguros de Rancagua, en tanto, plantean que “para prevenir y evitar este tipo de hechos debiera revisarse tanto la normativa vigente como el modelo de obtención del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales”, ya que estos se entregan solo previa presentación de los documentos del vehículo —incluso a través de internet—, “sin ninguna verificación, ya que se actúa sobre la confianza entre las partes”.
En una carta publicada hoy por este medio, el gerente general de Liberty, Carlos Escudero, se refiere a esta situación y responde a una misiva enviada por el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, publicada ayer en estas páginas.
Ayer, ejecutivos de Liberty comenzaron a contactarse con las familias de las víctimas para informarles que “sin estar legal o contractualmente obligada”, la empresa había resuelto “entregar un monto equivalente a lo que hubieran recibido de haber contado con un seguro obligatorio de accidentes personales válido y vigente”.
Leslie Ceballos, madre de la pequeña Florencia Fernández (9), fallecida en la tragedia, confirmó que fue informada del cambio de decisión. “Me dijeron que ellos se iban a hacer cargo de un pago equivalente al seguro, pero no explicaron a qué se referían”, dijo, agregando que “yo les respondí que esto lo hacían solo como reacción a la presión mediática”.
La aseguradora afirmó que “tomará las acciones legales en contra de quienes resulten responsables” para que estas situaciones “no se repitan”.
Alberto Escobar, gerente de Movilidad del Automóvil Club de Chile, destacó la decisión de Liberty y consideró que “esto es una buena noticia, en la medida que finalmente se cumpla”.
A juicio del especialista, “en esta decisión, que van a efectuar fuera de contrato, debieran indemnizar por el monto que la ley establece para el caso de pasajeros fallecidos, que es de 400 UF ($11 millones)”, señaló.
Juan Carlos Manríquez, defensor del dueño de la empresa de buses, Marcelo Hernández —quien permanece en prisión preventiva desde que fue formalizado por su presunta responsabilidad en el dolo eventual en seis delitos de homicidio—, dijo que “Línea Azul se encontraba haciendo las gestiones personales y directas también con aseguradoras, a objeto de ir en apoyo de las víctimas” y que el jueves conocieron que “Liberty había dispuesto cubrir lo que esas pólizas establecían. Además, seguimos colaborando con la investigación”.
Operadores de seguros de Rancagua, en tanto, plantean que “para prevenir y evitar este tipo de hechos debiera revisarse tanto la normativa vigente como el modelo de obtención del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales”, ya que estos se entregan solo previa presentación de los documentos del vehículo —incluso a través de internet—, “sin ninguna verificación, ya que se actúa sobre la confianza entre las partes”.
En una carta publicada hoy por este medio, el gerente general de Liberty, Carlos Escudero, se refiere a esta situación y responde a una misiva enviada por el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, publicada ayer en estas páginas.