En prisión preventiva por 200 días
quedó el propietario de la empresa de buses Línea Azul, Marcelo
Hernández Sandoval, luego de ser
formalizado por homicidio por dolo
eventual en el Juzgado de Garantía
de Graneros, debido al accidente con
6 muertos y 40 heridos de la madrugada del lunes.
Hernández fue detenido por Carabineros en Concepción este jueves y trasladado a Graneros para enfrentar su responsabilidad en el accidente. Junto con la prisión preventiva, la Fiscalía de O'Higgins solicitó la "incautación de todos los buses (19) y vehículos particulares que se encuentran a nombre del imputado", según el fiscal subrogante Javier von Bischoffshausen.
El profesional explicó que la petición se debe a que "el ministerio público, dentro de sus obligaciones legales y constitucionales, está el brindar protección a las víctimas". Von Bischoffshausen ahondó que se trata de asegurar que as demandas reparatorias de las víctimas sean cumplidas. Agregó que técnicamente significa que se oficia al Registro Civil la medida, por lo tanto "no pueden celebrarse actos y contratos" sobre los vehículos. El fiscal informó que un perito mecánico ya les entregó más información sobre el bus accidentado, más allá del deterioro de barra de estabilización. "Primero, lo que ya sabíamos, que las cámaras no estaban operando", dijo.
Otro elemento del informe que destacó el fiscal es que "el GPS está deshabilitado, no estaba funcionando, lo que significa que no podemos establecer la velocidad desde el punto de vista técnico pericial, porque lo habían desconectado intencionalmente y se le habían sacado unos fusibles". El segundo punto es que, al menos, tres cinturones de seguridad de segundo piso estaban malos, en que "la hebilla no se conecta con el anclaje, por lo que no sirven de nada".
Hernández fue detenido por Carabineros en Concepción este jueves y trasladado a Graneros para enfrentar su responsabilidad en el accidente. Junto con la prisión preventiva, la Fiscalía de O'Higgins solicitó la "incautación de todos los buses (19) y vehículos particulares que se encuentran a nombre del imputado", según el fiscal subrogante Javier von Bischoffshausen.
El profesional explicó que la petición se debe a que "el ministerio público, dentro de sus obligaciones legales y constitucionales, está el brindar protección a las víctimas". Von Bischoffshausen ahondó que se trata de asegurar que as demandas reparatorias de las víctimas sean cumplidas. Agregó que técnicamente significa que se oficia al Registro Civil la medida, por lo tanto "no pueden celebrarse actos y contratos" sobre los vehículos. El fiscal informó que un perito mecánico ya les entregó más información sobre el bus accidentado, más allá del deterioro de barra de estabilización. "Primero, lo que ya sabíamos, que las cámaras no estaban operando", dijo.
Otro elemento del informe que destacó el fiscal es que "el GPS está deshabilitado, no estaba funcionando, lo que significa que no podemos establecer la velocidad desde el punto de vista técnico pericial, porque lo habían desconectado intencionalmente y se le habían sacado unos fusibles". El segundo punto es que, al menos, tres cinturones de seguridad de segundo piso estaban malos, en que "la hebilla no se conecta con el anclaje, por lo que no sirven de nada".