Es por esta razón que la ley que responsabiliza a las empresas del retiro de la infraestructura que ya no ocupan generó apoyo transversal. La normativa —que fue promulgada ayer por el Presidente Sebastián Piñera— determina que las instalaciones aéreas y soterradas que hayan dejado de usarse son consideradas desechos y deben ser quitadas por su concesionaria.
Eso sí, aunque las compañías ya son responsables de ese procedimiento, las fiscalizaciones y multas tardarán un tiempo.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) aún tiene un plazo de 70 días para publicar el reglamento que detallará qué cables deben sacarse y cuál es el procedimiento para esto.
Desde esa publicación, habrá otros cinco meses para que las empresas retiren sus cables, por lo que las primeras multas por el incumplimiento podrían llegar en marzo de 2020.
La Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) valoró que sea la Subtel la que identifique las instalaciones y entregue una opinión: “Es clave identificar adecuadamente los cables en desuso técnicamente para evitar interrumpir el servicio”.
La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, añadió que “el retiro de cables aéreos en desuso es prioritario”, y dijo que “su adecuado manejo mejora, sin duda, la calidad de vida de las personas” porque genera mejores espacios públicos.
Entre marzo de 2018 y marzo de este año, las empresas retiraron casi 650 kilómetros de cables en el país. Mientras que la Intendencia Metropolitana también aplicó un programa y sacó otros 13,5 kilómetros de material en desuso.
Además, la nueva ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a contar con planes de gestión y manejo de sus otras instalaciones: cajas de control, cámaras, ductos, anclajes, tirantes y todo elemento en sus redes.
Si no cumplen, arriesgan multas de entre 100 y 1.000 UTM (hasta $50 millones) que irán en beneficio de la respectiva municipalidad.