Era de esperarse que bajo este modelo y volumen de garantías -que ya las quisiera cualquier emprendedor-, los mecanismos de control y fiscalización fuesen proporcionales a las garantías que se les entregaban a las nuevas empresas sanitarias monopólicas para de esta forma asegurar servicios de calidad y seguridad.
Los acontecimientos que emergen en cuanto a problemas operacionales registrados en la Región de los Lagos en el presente año, han abierto un debate sobre el comportamiento de esta industria, que lamentablemente sólo ha quedado en básicos lamentos de autoridades y parlamentarios. Si a lo anterior se suma la sequía y la escasez hídrica identificada por el mundo científico, el panorama parece ser de una complejidad que el Estado y sus instituciones no alcanzan a comprender, y que en el corto plazo impactará la eficiencia y calidad de servicio de la industria sanitaria.
El ministro de OO.PP. Alfredo Moreno señaló en la primera quincena de septiembre, que queda en evidencia las debilidades que tiene el actual modelo, con un bajo presupuesto en inversiones de renovación de infraestructura y racionalidad operacional, baja inversión en aseguramiento de abastecimiento, estancamiento en integración de área de concesión, y tratamiento de aguas servidas con finalidad de uso agrícola.
De las pocas atribuciones y exigencias que existen en materia de fiscalización, destaca el Informe de Gestión del Sector Sanitario que entrega la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el cual para el año 2017 destaca que la pérdida correspondiente al agua no facturada es de un 33% en promedio en la industria sanitaria. Algo que es poco entendible en el escenario actual de sequía y escasez hídrica, y con los avances tecnológicos en equipamiento, construcción y operación de redes sanitarias.
Viendo el informe de la SISS, destaca la posición de la Empresa Esval que se ubica como la quinta compañía con mayor nivel de pérdida expresada en agua no factura con 37.5%. Superada de cerca por Aguas Araucanía, Esssi, Nuevasur y Smapa, de un total de 28 empresas sanitarias.
Hace algunos días, el gerente general de Esval, José Luis Murillo, hizo referencia a varios conceptos relacionados con la eficiencia y esfuerzos en la mejora de la gestión de la Empresa y sus operaciones, poniendo énfasis en que los factores de la sequía y la escasez hídrica (cambio climático) serían factores significativos en su actual posición, realizando un "solidario" llamado a cuidar el recurso hídrico y a poner en valor las inversiones que Esval está realizando para asegurar el suministro de agua potable para el próximo verano.
Entendiendo el sentido de su reflexión, parece incomprensible que en materia de gestión y eficiencia operacional, se registre este 33% de pérdidas en el sistema de empresas sanitarias y que, en el caso de nuestra región, Esval aparezca con el 37,5%, lo cual, ahondando en su significado, se traduce en mayores tarifas para los usuarios. Todos sabemos los esfuerzos que se realizan diariamente en materia de emergencia en redes de agua potable y alcantarillado, sin embargo corresponde plantear dudas sobre la reposición de nuevas redes que aseguren una disminución de los costos en las tarifas para sus clientes y aseguren una menor pérdida de la escasa agua que nos queda en las cuencas.
En materia de aseguramiento de continuidad de servicios seguimos hablando de la misma solución de almacenar agua en Los Aromos, sin embargo hoy no hay agua suficiente para embalsar y las cuencas se encuentran agotadas.
En el mismo informe del SISS, la suma de los resultados de explotación de las sanitarias asciende a los 446 mil millones de pesos y, en el caso de Esval, es de 44 mil millones. Como queda demostrado, pese al escenario tan negativo en materia de producción de agua, el sistema sigue percibiendo utilidades, pero lo que preocupa a los usuarios es que al momento de mantener la continuidad de los servicios en caso de agravamiento de la falta de producción, los costos se trasladen, vía tarifa, a los usuarios.
Parece de sentido común, que se parta con un plan de urgencia en materia de inversión para disminuir las pérdidas que produce el sistema, lo que debería impactar a la baja las tarifas de los usuarios y paralelamente iniciar una planificación de alternativas que miren otras fuentes de producción de agua, que consideren el agotamiento producto de la sequía y la escasez hídrica. Entonces, ¿por qué en Chile permitimos este nivel de ineficiencia en la distribución del agua?
Esperemos que el ministro Alfredo Moreno ingrese al Congreso, tal como se prometió, un proyecto de Ley que contenga modificaciones relevantes al sector sanitario que obligue a la industria a cuidar el agua (pérdidas en la red); en línea con los escenarios de sequía y escasez hídrica. Niveles de pérdida como los que hemos descritos, seguramente las respectivas casas matrices de las empresas sanitarias de Chile (Ontario Teacher's Pension Plan [OTPP], Suez y Marubeni), no tolerarían en sus países de origen.