Según el texto aprobado, los funcionarios policiales (carabineros) podrán pedirles a los jóvenes que se identifiquen con su carné o su tarjeta nacional estudiantil o cualquier dispositivo tecnológico idóneo. En caso de que el policía tenga dudas sobre la edad del adolescente, "se debe presumir minoría de esa edad". Es decir, que la persona controlada es menor de los 16 años y, por lo tanto, no se realiza el control de identidad. Este proceso no debe demorar más de 15 minutos.
Si existiera un reclamo por el control realizado al menor de edad, se debe levantar un acta que especifique el motivo del control, lugar donde se realizó, dirección y comuna de residencia del joven, nacionalidad, edad y sexo. La institución policial debe informar en un plazo de cinco días, al Servicio Nacional del Menor y a la Defensoría de la Niñez.
Otro punto aprobado fue que en caso de sospecha de que la persona porte armas, se puede revisar la mochila o equipaje que lleve e, incluso, revisar superficialmente la vestimenta.
Además, el texto faculta la revisión del portaquipaje o portamaleta de un vehículo sospechoso. Esto en caso que circule sin patente o que esta no pueda leerse correctamente; o bien que haya eludido un control policial.
El proyecto incluye garantías para las personas que sientan que hayan sido maltratadas física o sicológicamente o se sientan discriminadas: cada carabinero que realice el control, debe entregar su nombre, número de placa y comisaría o cuartel policial al que pertenece.
Se habilitará un sistema de reclamos que puede ser presencial, por una plataforma digital, o si a persona o estima, puede ser incluso una denuncia anónima.
Los 14 años...
En el gobierno y en los partidos de Chile Vamos hubo satisfacción por la aprobación del proyecto, aunque dejaron claro que buscaban que el control de identidad fuera a partir de los 14 años. "Se ha dado un paso importante en una herramienta más para controlar la delincuencia en nuestro país", dijo el diputado de la UDI Javier Macaya.
El jefe de bancada de RN Jorge Rathgeb reiteró que "queremos un control a partir de los 14 años, pero valoramos el acuerdo que logró el gobierno, que cedió por un lado, y también el apoyo que hemos tenido por diputados de la oposición (DC, independientes y radicales)". El ministro Andrés Chadwick, en tanto, afirmó que la aprobación de proyecto un importante avance para que nuestras policías puedan tener mejores y más amplias atribuciones para combatir la delincuencia y garantizar seguridad a la ciudadanía".
La iniciativa logró ser aprobada gracias al acuerdo a que llegó la Democracia Cristiana con el gobierno. Al respecto el diputado DC Miguel Ángel Calisto destacó como "un avance responsable, tomando en cuenta que la mayor cantidad de delitos se comete entre los 16 y 18 años. Estamos hablando que cerca del 70% de los delitos juveniles se concentran en esa edad". El parlamentario aclaró que su partido se abrió a legislar en esta materia, "condicionando al gobierno para que implemente planes y programas de reinserción y rehabilitación de jóvenes".
Desde la oposición, el diputado socialista Leonardo Soto acotó que el proyecto a su juicio no tiene fundamento y que "restringe una garantía constitucional y, por o tanto, los socialistas hicimos una reserva de constitucionalidad". Esto quiere decir que, de ser aprobada la ley en el Senado, recurrirán al Tribunal Constitucional. La diputada Natalia Castillo (RD), en tanto, consideró la aprobación como "un escándalo. Esto es pura pirotecnia del gobierno al intentar hacer creer a la gente que por estar aprobando un control preventivo para menores de edad, van a bajar los delitos".