Expertos advierten que para sacar adelante los proyectos ha faltado una política de Estado que esté por sobre las prioridades de cada gobierno.
Los retrasos sobre retrasos del Hospital del Salvador-Geriátrico
Corría 2011 cuando se anunció la construcción del nuevo Hospital del Salvador-Geriátrico. Esto debido a “las deplorables condiciones que presenta el recinto” original, aseguraban en la presentación del proyecto.En 2014, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se informó la adjudicación del proyecto, que se haría a mediante una concesión. Sin embargo, al poco tiempo, funcionarios paralizaron las actividades, ya que se oponían a que se erigiera bajo esa modalidad.
Cuando se logró negociar con los funcionarios, se dio un año para desocupar el ala norte, donde se realizarían las obras, pero el Servicio de Salud tardó un año más de lo estipulado.
Luego se produjo un nuevo inconveniente. Mientras se realizaban sondeos de protocolo, se encontraron elementos de interés patrimonial que datarían de hasta el año 200 a.C. Ese hallazgo derivó en que el Consejo de Monumentos Nacionales iniciara un plan de rescate arqueológico, que no permitió avanzar hasta fines de 2018.
Según Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, los problemas no se han generado “por falta de recursos financieros. Lo que ha habido es falta de capacidad para formular los proyectos, implementarlos y sacarlos adelante”.
Hasta el momento, el recinto, que tendrá una capacidad de 650 camas, tiene apenas 4% de avance y se espera que esté listo en 2024.
El inicio de esta década —que hoy está próxima a terminar— fue difícil para el sistema público de salud. El terremoto del 27-F azotó con especial fuerza a varios hospitales y recintos de atención que quedaron parcialmente dañados o derechamente inutilizables.
Esto generó la pérdida de más de 1.500 camas hospitalarias a lo largo del país, situación que auguraba difíciles años para el sistema, en los que una de las mayores tareas sería la recuperación y expansión de la infraestructura.
Sobre la labor que se ha realizado desde entonces, la exministra Carmen Castillo (2015-2018) reconoce que “siempre uno queda al debe”. Aunque dice que se “aumentó el número de camas disponibles con los hospitales que se han construido”.
Manuel José Irarrázaval, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián (IPSUSS), concuerda y dice que “tenemos una importante renovación de hospitales, a pesar del terremoto de 2010”. Pero critica que, en los proyectos emblemáticos, ha faltado una política de Estado en el plan de inversiones que esté por sobre los cambios de cada gobierno, porque “se han generado retrasos, sobre todo por temas ideológicos”.
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, es más crítico y advierte que “lo que ha habido es un conjunto de proyectos de inversión de mediana y baja complejidad que han aumentado levemente la cantidad de camas. Pero los grandes proyectos, como el Hospital del Salvador-Geriátrico, el Barros Luco o el nuevo Sótero del Río, han sido todos retrasados por distintas razones”.
Problemas financieros, protestas y Contraloría
La promesa de construir un nuevo hospital para la zona norte de Santiago lleva más de 10 años. Corría 2007 cuando el Ministerio de Salud anunciaba que el proyecto se encontraba en evaluación. Sin embargo, recién da luces de concretarse. Luego de analizar terrenos en Quilicura, Conchalí y Lampa, finalmente a mediados de este año se definió que estará ubicado en Colina. El llamado a licitación se hará en 2020 y se espera que esté construido el segundo trimestre de 2025.El nuevo Félix Bulnes ha corrido mejor suerte. En 2010, el edificio original sufrió graves daños estructurales que obligaron a trasladar su operación a las dependencias del ex Hospital Militar en Providencia. Desde entonces se puso en marcha el proyecto que contempla el nuevo edificio en Cerro Navia.
Según la planificación original, el recinto debía estar listo en enero de este año. Pero la empresa constructora tuvo problemas financieros y declaró su insolvencia económica, desvinculándose de las faenas. Esto mantuvo las obras detenidas por cinco meses, aunque ya tiene 98% de avance y debería ser inaugurado en 2020. En tanto, en San Miguel, el nuevo Hospital Barros Luco —que una vez terminado será el recinto más grande del país— tampoco ha tenido una historia exenta de inconvenientes. En 2010, el primer gobierno del Presidente Piñera declaró que se construiría mediante concesión. Sin embargo, tras una fuerte paralización de funcionarios, esa idea fue desechada. Solo seis años más tarde la licitación se adjudicó a través de financiamiento sectorial, pero la Contraloría se abstuvo de tomar razón, por lo que fue declarada desierta. Finalmente, la obra fue adjudicada en 2017 y se espera que comience a ser construida el próximo año.
Otro factor incidente: el peso de las “decisiones ideológicas”
“Algunos proyectos muy importantes han fallado solamente por decisiones ideológicas”, asegura Manuel José Irarrázaval, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián (Ipsuss).Ese es el caso, asegura, del esperado nuevo recinto que albergará al Hospital Sótero del Río. Este proyecto comenzó a ser anunciado a comienzos de la década, aunque su licitación en formato concesionado se inició en 2014, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y fue adjudicado a la empresa Ferrovial.
Sin embargo, en 2016 la Presidenta Michelle Bachelet decidió dar por terminado el contrato para abrir una nueva licitación, pero esta vez con recursos sectoriales.
Carmen Castillo, ministra de Salud en el segundo período de la exmandataria, afirma que “evaluamos en ese momento que construir por la vía de la concesión no era económicamente rentable para el país, porque a la larga se pagaba muchos años por algo que era más fácil hacerlo con fondos propios. Por eso se retiró y se trabajó para licitarlo por la vía propia”.
“En algunos casos como este, por razones estrictamente políticas, se han suspendido procesos de licitación a mitad de camino y no se han aportado las camas críticas que el país necesita”, critica el director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez.
Manuel José Irarrázaval, director de Ipsuss, argumenta que “lo que necesitamos es que la Subsecretaría de Redes Asistenciales funcione como un Banco Central, como un ente técnico y autónomo del gobierno de turno, porque así no se producirán retrasos por razones políticas”.
En definitiva, recién este año se anunció la nueva adjudicación del proyecto —que contempla la apertura de 49 pabellones y 711 camas— a la empresa Sacyr. Aunque de haberse cumplido el cronograma de la licitación original, el hospital ya estaría terminado.