Como dice el documento, se comprometió a eliminar fotos y videos de connotación sexual que involucraban a otro hombre a cambio del pago de $900.000. Es decir, dejó por escrito y ante un notario los detalles de la extorsión que estaba realizando. Por algún motivo pensó que firmar ese papel era una buena idea y se fue sin tomarle el peso a lo que había hecho.
La historia había empezado un par de semana antes, cuando el extorsionador se juntó con la víctima en un motel y grabó con su celular el encuentro, sin tener autorización para hacerlo.
Ocho días después, el dueño del registro llamó a la víctima y le pidió que se juntaran en una plaza de la comuna de Providencia. Ahí le entregó la mala noticia. Según el fallo judicial que puso término al caso, en ese momento "le manifestó que mantenía un video del encuentro que sostuvieron en el motel y le hizo entrega de un pendrive con la copia de dicho video. Le manifestó que si no entregaba la suma de $900.000 iba a subir ese video a la redes sociales y se lo mostraría a toda su familia y pegaría fotografías del video en un muro ubicado en las afueras del edificio donde vive la víctima".
Complicadísimo por la situación, el hombre -de alrededor de 70 años- decidió denunciar el hecho en la Brigada de Investigación Criminal de la PDI (Bicrim). Pero no se quedó tranquilo con eso y buscó su propia prueba para inculpar al hombre que lo estaba atosigando.
El extorsionador lo volvió a contactar para exigirle el dinero y en ese momento decidió hacer su jugada maestra: le dijo que le pagaría el dinero, pero a cambio le pidió la declaración jurada como respaldo.
Por algún insólito motivo, el extorsionador aceptó legalizar la transacción y concurrieron a una notaría de Providencia. "En este acto destruyo y elimino todo el material de videos y fotografías, que corresponden a actos de connotación sexual que yo tomé sin su consentimiento..." se lee en el documento notarial, con fecha 11 de octubre del 2018.
Como la mayor preocupación del afectado era evitar la divulgación de la imágenes, fue específico en sus requerimientos, por lo que el extorsionador debió agregar que se comprometía a "no mantener en mi poder ni a traspasar ninguna copia de este material a persona alguna ni a ningún medio de comunicación ni de redes sociales. Si incumpliera de mi parte lo aquí suscrito, me declaro ante la justicia ordinaria culoable".
Con el valioso documento en sus manos, la víctima se acercó nuevamente a la PDI. La Fiscalía Oriente inició una investigación y la declaración jurada se transformó en una evidencia fundamental en el juicio por el delito de extorsión en contra del hombre joven.
El 14 de junio de este año, el Octavo Juzgado de Garantía declaró culpable de extorsión al hombre y lo condenó a 541 días de reclusión y a pagar una multa de 50 UTM. Esta misma persona ahora es investigada por otro caso de extorsión, en el que la víctima dice que pagó 14 millones de pesos durante dos años. El hombre está actualmente en prisión preventiva.