La mañana de este lunes, desde su sede en Eliodoro Yáñez, Providencia, El Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) hizo entrega de su informe oficial sobre la
crisis social que comenzó en octubre y que, hasta la fecha, no se ha detenido.
El documento es el cuarto de este tipo que se da a conocer, cuyos antecesores fueron el de Amnistía Internacional, Human Right Watch y el de las Naciones Unidas. Este documento analiza hechos ocurridos entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre. Sin embargo, este se diferencia de los demás por incluir en su contenido una serie de ideas para los diferentes poderes del Estado. Dentro de estas, es un apartado de recomendaciones "para la reparación a favor de personas cuyos derechos han sido vulnerados", el instituto solicita a los ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo y Desarrollo Social y Familia que busquen "formular políticas públicas que apoyen a comerciantes, pequeñas y medianas empresas y a trabajadores que han visto afectados sus fuentes de trabajo producto de la violencia". Esta recomendación la hacen a continuación de solicitar al ministerio de Justicia que implemente un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Respecto de las personas heridas por armas de fuego, el informe menciona que, de un total de 1.974 agredidos: 179 lo fueron son por balines; 51, por balas; 1.549, por perdigones y 195 no han podido ser identificadas.
Por otra parte, el Indh asegura que, de las comisarías que fueron visitadas, se encontraron con un total de 8.168 detenidos desde el 17 de octubre y hasta el 30 de noviembre. De estos: 7.050 eran adultos, divididos en 5.828 hombres y 1.222 mujeres; 961 eran niños, niñas o adolescentes (NNA) y el resto no pudo ser identificado.
Respecto de delitos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el informe da cuenta de 476 querellas presentadas, en representación de 568 víctimas. En la misma línea, el Instituto da cuenta de un total de 809 víctimas representadas en querellas por casos de connotación sexual constitutivos de delito. De estas víctimas, 581 son hombres, 210 mujeres y de 18 no hay mayor información.
Por otra parte, el informe destaca que los hechos que alteraron el transporte público afectaron derechos y el bienestar de las personas. Esto ya que, de las 136 estaciones de metro existentes: 10 fueron quemadas y 69 dañadas, mientras que ocho trenes resultaron dañados.
El documento es el cuarto de este tipo que se da a conocer, cuyos antecesores fueron el de Amnistía Internacional, Human Right Watch y el de las Naciones Unidas. Este documento analiza hechos ocurridos entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre. Sin embargo, este se diferencia de los demás por incluir en su contenido una serie de ideas para los diferentes poderes del Estado. Dentro de estas, es un apartado de recomendaciones "para la reparación a favor de personas cuyos derechos han sido vulnerados", el instituto solicita a los ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo y Desarrollo Social y Familia que busquen "formular políticas públicas que apoyen a comerciantes, pequeñas y medianas empresas y a trabajadores que han visto afectados sus fuentes de trabajo producto de la violencia". Esta recomendación la hacen a continuación de solicitar al ministerio de Justicia que implemente un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Las cifras
El documento informa que el Indh se encuentra representando seis casos de homicidio (que según el informe se adjudican de la siguiente forma: a tres, por parte del Ejército; dos, por parte de Carabineros y uno, por parte de la Armada). Por otro lado, los casos de homicidios frustrados se elevan a 20 (dos, del Ejército y 18, de Carabineros). De estos últimos casos se detectó una pérdida de visión, una pérdida de globo ocular, 14 lesiones graves gravísimas, dos personas en riesgo vital y una sin información.Respecto de las personas heridas por armas de fuego, el informe menciona que, de un total de 1.974 agredidos: 179 lo fueron son por balines; 51, por balas; 1.549, por perdigones y 195 no han podido ser identificadas.
Por otra parte, el Indh asegura que, de las comisarías que fueron visitadas, se encontraron con un total de 8.168 detenidos desde el 17 de octubre y hasta el 30 de noviembre. De estos: 7.050 eran adultos, divididos en 5.828 hombres y 1.222 mujeres; 961 eran niños, niñas o adolescentes (NNA) y el resto no pudo ser identificado.
Respecto de delitos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el informe da cuenta de 476 querellas presentadas, en representación de 568 víctimas. En la misma línea, el Instituto da cuenta de un total de 809 víctimas representadas en querellas por casos de connotación sexual constitutivos de delito. De estas víctimas, 581 son hombres, 210 mujeres y de 18 no hay mayor información.
Por otra parte, el informe destaca que los hechos que alteraron el transporte público afectaron derechos y el bienestar de las personas. Esto ya que, de las 136 estaciones de metro existentes: 10 fueron quemadas y 69 dañadas, mientras que ocho trenes resultaron dañados.