Entre los imputados, que fueron detenidos este viernes, hay funcionarios públicos que se desempeñaban en la División Informática del Minvu, representantes legales de las empresas y también familiares de los primeros.
Así lo detallaron este sábado los fiscales de Alta Complejidad Francisco Ledezma (quien lidera la investigación) y Daniel Vidal, en una maratónica audiencia judicial que estuvo interrumpida al menos tres veces por complicaciones de salud de una de las imputadas.
Los funcionarios públicos
1. Marcos Rivas, trabajador del área de División Informática del Minvu, desde el año 2008. Se desempeñaba como jefe evaluador de proyectos, es decir, estaba encargado de revisar los antecedentes de las empresas postulantes a los llamados a licitación (contratos con el Estado).2. Cristián Lara, analista programador y funcionario del Minvu desde el año 2012. Jefe evaluador de proyectos informáticos de la repartición.
3. María González, quien trabajaba en el Minvu desde el año 2005, en los cargos de jefa de proyectos y contraparte técnica y encargada de reforma tecnológica de ese ministerio.
4. Ariel Alvarado, analista programador que contaba con el cargo de jefe de proyectos informáticos suplente del Minvu.
5. Alejandro Jara, funcionario del Minvu desde el año 2006, en los cargos de jefe, evaluador y contraparte técnico de proyectos del ministerio.
6. Alejandro Arriagada, evaluador de proyectos del Minvu.
Según expuso en la audiencia, el fiscal Daniel Vidal, estos seis funcionarios públicos "entre los años 2014 y 2019 han recibido pagos y obtenido beneficios económicos por favorecer y facilitar la adjudicación de contratos, órdenes de compra y grandes compras de Minvu, por al menos cuatro empresas (Altiuz, Emergya, G Plus y Consux)".
Dichas empresas, según la fiscalía, se coordinaron para que aquellas que estuvieran dentro del convenio marco, que es una modalidad de compra de bienes y servicios a través de un catálogo electrónico o tienda virtual y la primera opción de compra de los organismos públicos, se adjudicaran las licitaciones.
Pero quienes realmente ejecutaban los proyectos o servicios, informáticos en este caso, eran otras empresas de fachada. De este modo, estas últimas no pasaban por el exigente proceso de evaluación ya que no cumplían con esos requisitos.
El fiscal Vidal detalló que los funcionarios públicos sabían de esta triquiñuela y participaban de ella.
Por ejemplo, el caso de Cristián Lara, evaluador de proyectos informáticos, aplica para los demás funcionarios públicos acusados.
"En calidad de su cargo actuó como evaluador en los procesos de adjudicación, previamente aceptó recibir beneficios económicos consistentes en el pago de una suma de dinero, con el objeto de favorecer a una de las empresas. En este sentido, y para efectos de cumplir con la formalidad de los procesos de licitación, en tanto evaluador de la parte técnica del proyecto, el imputado al evaluar las ofertas y elaborar la ficha de adjudicación del proyecto, infringió la ley al no abstenerse de participar toda vez que tenía un interés particular", dijo el persecutor.
Asimismo detalló que los funcionarios intervenían y mejoraban las fichas de postulación de las empresas adjuntando documentación como currículum vitae y certificados de titulación de los profesionales del proyecto.