Este texto pasará ahora a la comisión de Seguridad Pública del Senado, que lo analizará en particular, y que detalla en su artículo 268: "El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo".
El texto define en seis puntos qué es "desorden público".
1. Paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento. Se entiende por tal el servicio de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones.
2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines.
3. Destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o irrogar daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
6. Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
Hasta este viernes hay plazo para que parlamentarios y gobierno presenten indicaciones.
El senador Felipe Harboe, presidente de la comisión de Seguridad Pública, considera que "es un proyecto de muy mala calidad, con muchos errores. Es bien intencionado, pero mal logrado", y explica que algunos artículos castigan acciones que no necesariamente son violentas. "Se sanciona la interrupción de servicios de utilidad pública, pero puede ocurrir que en una huelga o paro los funcionarios de salud paralicen sus funciones en un consultorio u hospital, siempre con turnos éticos, eso podría llevar a una sanción de cárcel. No corresponde. Y con el delito de saqueos se requiere cambiar la redacción para que tenga una sanción efectiva y, a su vez, que sea proporcional".
La maratónica jornada del miércoles dejó arrepentidos, entre algunos diputados del Frente Amplio, quienes en redes sociales explicaron por qué avalaron la iniciativa que busca tipificar como delito la alteración del orden público mediante actos de violencia.
"Nos equivocamos, porque con la excusa de los saqueos, el gobierno hizo un proyecto que crea sanciones a varias de las formas de protesta como rayar las murallas o las tomas de terreno de gente que no tiene casa. Antes de que votáramos esto, pensábamos que si aprobábamos la idea de legislar íbamos a sumar votos de otros diputados y diputadas para rechazar esos artículos que son nefastos para la criminalización de la protesta, pero no nos resultó y al final fuimos minoría rechazando esos artículos" expuso el diputado RD Giorgio Jackson. Su par, Gabriel Boric, también dijo que "se podría haber hecho de otra manera. Pretendíamos dar una señal clara en contra de los saqueos, sin embargo, comunicacionalmente esto no se logró".