"La acusación constitucional es un instrumento que está en nuestra Constitución y es una instancia jurídico constitucional donde a partir de ciertas causales específicas se determinan o no ciertos incumplimientos a las normas constitucionales. No es un juicio político", aseguró el jefe de Interior sobre el documento en el que se le reprocha al Presidente responsabilidad en "las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado".
El ministro acotó que en el caso de la acusación constitucional sobre su antecesor, Andrés Chadwick, los parlamentarios también utilizaron de manera no adecuada el instrumento, puesto que según la Constitución, para que la acusación sea viable se tienen que presentar causales específicas. Por actos y no por omisiones como se plantea en el documento de la acusación. "Yo hago un llamado a todos los parlamentarios y a todos los que tienen interés en esta materia, que lean lo que dice la Constitución", aseguró.
La Defensa
El escrito de 155 páginas que la semana pasada el abogado de Piñera, Juan Domingo Acosta, entregó al Congreso, sostiene que "pese a todas las medidas preventivas y correctivas (...) los ciudadanos han denunciado violaciones a los derechos humanos, consistentes en abusos, usos excesivos de la fuerza y delitos contra las personas. Frente a esto, el Presidente de la República ha garantizado su compromiso irrestricto con la verdad y la justicia, por lo que se han iniciado más de 801 sumarios e investigaciones administrativas, y todas las denuncias están siendo investigados por la Fiscalía Nacional y serán juzgadas y sancionadas por los Tribunales de Justicia, respectando el debido proceso y de acuerdo a la ley".Además, el abogado agrega en el escrito que las imputaciones que el libelo acusatorio hace en contra del Presidente son genéricas e imprecisas, lo que dificulta la garantía de un debido proceso "por fundarse en hechos que aún no han sido acreditados y por realizar imputaciones imprecisas", dice el documento.