El requerimiento, hecho ante el TDLC el pasado lunes y dado a conocer este jueves, acusa a estas empresas y sus máximos ejecutivos (gerentes generales y comerciales) de mantener un acuerdo para fijar los precios de venta de los alimentos para salmones entre los años 2003 y 2015.
En su presentación, la Fiscalía demanda al TDLC que aplique a las empresas coludidas una multa de 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a cada una, monto máximo contemplado en la ley vigente cuando ocurrieron los hechos acusados y que asciende a unos US$70 millones en total. La FNE exige esta multa debido a la gravedad y extensión temporal del acuerdo y a que las empresas requeridas son las únicas que comercializan alimentos para salmones en Chile, por lo que sus clientes debieron pagar los precios del cartel al no contar con ofertas alternativas. De acuerdo a la investigación de la FNE, el precio del alimento explica más de 50% del costo total del salmón.