Luego de señalar que este tipo de estrategias policiales se utiliza en otros ámbitos como en las inmediaciones de los estadios de fútbol o para disuadir el comercio ambulante, Bassaletti se refirió a las instancias en las que se toma la decisión de implementarlas. “Nosotros no tomamos la decisión entre nosotros. Escuchamos a la autoridad política para saber cuáles son sus objetivos y presentarle alternativas”, sostuvo Bassaletti, quien no detalló si en alguna reunión entre Guevara y las autoridades de la policía uniformada se instruyó el uso del copamiento preventivo por parte de la autoridad metropolitana.
En los días previos a la presentación del recurso, Guevara había explicado que la decisión de implementar el “copamiento preventivo” fue de las fuerzas policiales, y que él solo se remitió a anunciarla públicamente con anterioridad a que esta se ejecutara.
En ese contexto, los diputados integrantes de la comisión, entre ellos, la presidenta Alejandra Sepúlveda (FRVS) y su par Diego Ibáñez, del Frente Amplio, le solicitaron detallar la participación del intendente en la estrategia policial, a lo cual Bassaletti respondió: “¿Se imaginan que si nosotros por cada técnica que ocupemos le pidamos permiso a la autoridad administrativa sobre cuál es la mejor recomendación? Yo me hago cargo de que el objetivo era restituir los derechos de las personas que viven en las inmediaciones”.
El general director, Mario Rozas, por su parte, defendió el copamiento preventivo al señalar que “este despliegue diferenciado no es una estrategia represiva, sino lo que uno pretende es que los derechos de las personas se puedan garantizar el mayor tiempo posible”. Asimismo, destacó que los hechos de violencia como la quema de la iglesia institucional de Carabineros no son frecuentes, y que de las últimas 10 marchas en la capital, solo dos han sido violentas.
Pese al mensaje de las autoridades policiales, en la oposición mantuvieron el cuestionamiento a Guevara. “Queda claro que hay una responsabilidad de la autoridad política, porque pese a que carabineros tiene la obligación de preservar el orden público, quien dispone de las fuerzas es la autoridad política”, señaló Ibáñez.