Los hallazgos fueron comunicados por el arqueólogo Patricio Galarce al director ejecutivo del CINV, Juan Carlos García, al dar término a las excavaciones que han retrasado por meses el ansiado inicio de las obras que, con una inversión de $7.400 millones, buscan ayudar a revertir el deterioro urbano del sector fundacional del puerto.
“Sabíamos que no se trata de cualquier terreno, sino que es donde se creó este país”, comentó el premio nacional de Ciencias Ramón Latorre, principal impulsor del proyecto. Aunque está pendiente que los fechados lo confirmen, él está expectante de que las fundaciones coloniales correspondan al convento jesuita (1767) que cobijó al primer científico chileno: el abate Juan Ignacio Molina.
Los antecedentes históricos recabados por los arqueólogos y la propia UV remontaban la ocupación del terreno al siglo XVI, pues en el barrio La Matriz se instalaron los primeros vecinos y congregaciones religiosas luego de que se declarara el sector como Puerto de Santiago. En el terreno, a espaldas de la iglesia La Matriz, se levantaron una escuela y templo jesuita de una característica arquitectura circular, que, tras la expulsión de la orden del Imperio español, pasó a poder de los dominicos. Ya en la república, el recinto, que había sufrido estragos por un terremoto, fue ocupado como sede del Congreso Constituyente que redactó la Constitución Liberal de 1828 y fue sede transitoria del primer Congreso Bicameral. En 1850, las dependencias fueron traspasadas al fisco y allí operó una compañía de teatro, un circo ecuestre, un cuartel y batallón cívico, hasta que fueron arrasadas por el terremoto de 1906. Luego se levantó el edificio Severín, que era ocupado como comisaría de Carabineros cuando un incendio lo destruyó en 2004, dejando solo sus paredes, que el proyecto busca rescatar.
Pero los hallazgos indican que la ocupación es aún anterior. En el estrato inicial fue encontrado un conchal, prueba de que un campamento de la cultura Aconcagua se habría asentado allí entre el 900 y 1400 de nuestra era. “Evidencia una historia milenaria”, resalta Juan Carlos García, quien solo lamenta los riesgos en que se ha visto envuelto el proyecto por los continuos retrasos que ha sufrido debido a la “burocracia”. “Ella explica la mayor parte del retraso, porque el rescate arqueológico solo tomó tres meses. El Estado no está preparado para abordar estos hallazgos. Con mentalidad del siglo XX, lo trata como si fuera una roca o un problema similar, generando larguísimos procesos para conseguir recursos y modificar contratos”, critica García.