Convicciones que serán incorporadas en la acusación que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, alista contra 11 imputados, luego que terminara el plazo de la indagatoria el viernes pasado. Los delitos que les atribuirán son asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Y si bien aún quedan dos diligencias pendientes solicitadas por las defensas, el cierre y presentación de la acusación es inminente. Hace pocos días, el Ministerio Público precisó —en una audiencia de reformalización— los hechos respecto de todos los imputados de cara al término de esta etapa previa al juicio oral. Estableció, entre otras cosas, que desde “enero de 2017 y hasta marzo de 2018 los imputados Gonzalo Blu, general (r); Patricio Marín, mayor (r); Leonardo Osses, capitán (r), y Álex Smith, ex Contrato por Resolución, todos a la fecha (de ocurridos los hechos) funcionarios de Carabineros, se organizaron con la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo diversos delitos”.
Evadieron controles internos y externos
Además, determinó que los imputados coordinados se “desvincularon de sus objetivos y, evitando los controles internos y externos a los que estaban sometidos, organizaron el trabajo de personal policial para elaborar y presentar informes policiales y periciales falsos en diversas investigaciones de relevancia pública, desarrolladas por el Ministerio Público así como también por la judicatura militar”.La entrega de esta información, se agregó, derivó en la imputación y detención de personas “obstruyendo gravemente distintas investigaciones”.
Las penas en la acusación serán de mayor envergadura para quienes cumplían roles de jefatura en la supuesta asociación ilícita, explica a “El Mercurio” el fiscal Palma, porque “son hechos graves, son conductas reiteradas, más de 16 delitos, según el tipo de responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados. Por lo tanto, son penas de crimen que van entre los 15 años y un día a los 20 años de privación de libertad”.
—¿Va a pedir penas de crimen para Marín y Blu?
“Sobre 10 años y un día respecto de ambos”.
—¿Y para el resto de los imputados?, ¿los va a llevar a todos a juicio oral?
“Los vamos a acusar a todos en este momento. Las penas habrá que determinarlas en su momento en el caso a caso. Las responsabilidades no son iguales, pero obviamente hay ciertos grupos de personas que están involucrados en la misma situación. Hay personas que están formalizadas por obstrucción, falsificación y asociación ilícita. Respecto de estos últimos, los marcos penales son muy parecidos. Todos sobre los 10 años y un día de privación de libertad”.
Inventaron falsos diálogos de informes policiales
Palma dice que “aquí existe una asociación ilícita, donde se pueden distinguir claramente niveles de ejecución y jefatura. La imputación que hace el Ministerio Público es que el señor (Patricio) Marín y el señor (Gonzalo) Blu tenían un rol de jefatura dentro de esta asociación ilícita y había otras dos personas que tenían rol de ejecutores”. Sin embargo, advierte, “todos son igualmente importantes en cuanto a la funcionalidad para cometer los delitos y, por lo tanto, nos parecen todos los casos igualmente graves. Sin perjuicio del número de delitos que varía en un caso y otro, y la gravedad de las conductas realizadas”.En la acusación se describirá el rol de los denominados “ejecutores” de la supuesta asociación ilícita para la falsificación de pruebas relacionadas con informes de inteligencia policial.
El Ministerio Público estima que “Smith conjuntamente con Osses inventaron las conversaciones en el referido informe N° 130 asociados con Marín y Blu. En efecto, haciendo uso de información con la cual contaban sobre identidades de los blancos del conflicto de violencia rural existente en las provincias de Malleco y Cautín, redactaron los supuestos diálogos agregando fotografías y les daban la apariencia de una conversación a través de mensajería WhatsApp, Telegram, Facebook y correo electrónico”.
Opción de procedimientos abreviados
Para aquellas personas que no están en la cúpula de la supuesta asociación ilícita se consideran penas de menor entidad, lo que incluso permitiría a parte de los acusados optar por un procedimiento abreviado.El fiscal afirma que considera esta salida judicial, porque hay otros imputados que han tenido otras participaciones, por ejemplo, los “funcionarios de Labocar que están formalizados. Respecto de ellos, las penalidades por supuesto son bastante más bajas. Ahora, si todos ellos van a juicio oral o no, va a depender de la conducta que los propios imputados tengan al momento de la audiencia de preparación de juicio oral. Algunos de ellos pueden optar a un procedimiento abreviado y otros, los que lo deseen, concurrirán al juicio oral respectivo”.
Agrega que será “una sola acusación y en la audiencia de preparación, si alguno de ellos quiere optar por un procedimiento abreviado y le da la pena, según el tipo de delito que haya cometido, no hay inconveniente, porque es su derecho. Pero en los otros casos, donde la penalidad no lo permite, por supuesto que hay que ir a juicio oral”. Y precisó que son “procedimientos abreviados y en ningún caso salidas alternativas”.