El texto será finalmente ingresado al Congreso el lunes por Harboe —con las firmas de sus pares opositores de la comisión, Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC), la senadora PPD Adriana Muñoz, y el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD)—, y consta de tres ejes: límite al gasto electoral, transparencia en los aportes de personas —manteniéndose la prohibición de que los realicen las personas jurídicas— y financiamiento público para las campañas que se efectúen tanto por la opción de “Apruebo” o “Rechazo” a una nueva Carta Fundamental. Se trata de algunos aspectos que fueron recogidos también por el Gobierno, donde el ministro Felipe Ward (Segpres) anunció un paquete de medidas legislativas para corregir esos vacíos normativos.
El proyecto fundamenta, al respecto, que dado que existirá una franja en TV para el plebiscito —en la cual el Consejo Nacional de Televisión entregaría espacio tanto a los partidos políticos como a entidades de la sociedad civil—, “ambas posturas deberán desembolsar recursos para dicha propaganda”, las que deberán ser reguladas aplicándoseles a las campañas plebiscitarias las disposiciones de la Ley 19.884 de transparencia, límite y control del gasto electoral. “Se entenderá por gasto electoral todo desembolso o contribución avaluable en dinero, efectuado por las opciones o posturas organizadas, con ocasión de actos plebiscitarios”, se precisa, planteándose que “ninguna opción o postura en un plebiscito podrá sobrepasar, por gastos electorales, los límites que se indican” en la Ley 19.884. Al respecto, se agrega que el gasto permitido para las “opciones o posturas en un plebiscito” —el cual deberá ser rendido ante el Servel— se homologará al de las candidaturas al Senado, el que es fijado actualmente de forma proporcional a los electores de cada distrito. Por ejemplo, el gasto permitido en la elección senatorial 2017 en Valparaíso fue de $524.366.302 por campaña.
Con todo, los autores del proyecto afirman que la iniciativa apunta a establecer solo “techos de gasto”. “Los montos los deberá determinar finalmente el Servel”, explica Harboe, indicando que estas regulaciones deberían aplicarse tanto para los partidos como para las organizaciones de la sociedad civil que realicen campaña.
“Se busca evitar que capitales desconocidos pretendan financiar opciones plebiscitarias, a través de la transparencia de los gastos de ellas”, agrega el senador PPD, mientras que De Urresti apunta a “un vacío que tiene que subsanarse, pues ya hay grupos que están alimentando la opción del No”, en alusión a avisos radiales que difundió el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Huenchumilla, por su parte, agregó: “Firmé porque se debe dejar absolutamente clara la relación entre el dinero y la política en el plebiscito, toda vez que la historia electoral de los últimos años ha tenido muchos claroscuros”.
Sobre el financiamiento estatal de las campañas para el plebiscito, el texto indica que el Estado financiará los gastos electorales en que se incurra, replicando el mecanismo de reembolso por voto obtenido que existe para las elecciones populares.
Gobierno espera por propuesta del Servel
Ayer, en tanto, la bancada de diputados del PS emplazó al Gobierno a legislar en la materia, además de oficiar al Servel por los avisos de Kast.Respecto de una modificación en las normas legales, el ministro Gonzalo Blumel (Interior) explicó que “es el Servel la institución responsable y cualquier sugerencia como siempre se acoge y se estudia”, indicando que el Ejecutivo esperará por los planteamientos que realice el Servel en la materia.