La agenda es de carácter multisectorial por lo que el mandatario se hizo acompañar por los ministros de Hacienda (Ignacio Briones), Economía (Lucas Palacios), Justicia (Hernán Larraín), Interior (Gonzalo Blumel) y Secretaría General de la Presidencia (Felipe Ward). Según el mandatario, los pilares de la iniciativa son "combatir con mayor severidad las colusiones, la corrupción, los delitos económicos y los delitos electorales u otros abusos, mejorar la protección de los derechos de los consumidores y los derechos de los trabajadores". Los proyectos de ley presentados y enviados a trámite al Parlamento, en detalle, son:
"Legitimar el mercado"
El proyecto detalla que se aumentan las penas por colusión en bienes y servicios de primera necesidad. La pena actual para el delito de colusión va desde los tres años y un día a los diez años. Se propone que, para casos de bienes o servicios de primera necesidad la pena parta en cinco años y un día, manteniéndose el máximo de diez años. Además se otorga a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la facultad del alzamiento del secreto y de la reserva bancaria, y permite solicitar a las empresas de telecomunicaciones un respaldo de las comunicaciones enviadas y recibidas por sujetos afectados por investigaciones por actos colusorios.Se incorpora igualmente la figura del denunciante anónimo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó que "las medidas apuntan a que legitimar el mercado es fundamental que la gente crea en él y, para ello, las reglas deben ser parejas, no puede existir la sensación de abuso y desigualdad ante la ley. La colusión es el peor atentado a la libre competencia".
Antiabusos en el mercado financiero
Como medida principal se aumentan las penas y multas por uso de información privilegiada (en la compra de acciones, por ejemplo) y otros abusos en el mercado de valores. En casos de uso de información privilegiada, fraudes y alteración de documentos, incrementan su pena desde presidio menor en cualquier de sus grados (61 días a 5 años y un día) a presidio menor en su grado medio hasta presidio mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años y un día). Además, se propone aumentar el máximo de multas a imponer por parte de la comisión para el Mercado Financiero (CMF), desde 15.000 UF ($427.968.750) a 100.000 UF ($2.853.125.000). Incorpora también la figura del denunciante anónimo, pero con el incentivo de una recompensa a los denunciantes de entre 10% y 30% de la multa aplicada, con un máximo de 25.000 UF ($713.281.250). "Se aumentaron las penas y se establece cárcel cuando los delitos sean graves como una forma de disuasión. Estas medidas son para avanzar en un trato digno y justo para todos los chilenos", declaró Piñera.Denunciante Anónimo
La agenda es específica en destacar esta figura en relación a casos de corrupción en la administración pública y el aparato estatal en general. Se crea un canal de denuncias en la Contraloría General de la República, en el que podrá denunciar cualquier persona, sea este un funcionario público o no. Al momento de hacer la denuncia, se podrá solicitar que se mantenga en reserva la identificación del denunciante, así como cualquier antecedente que sirva para identificarlo.El ministro de Justicia, Hernán Larraín, advirtió que para que no se abuse de esta herramienta, se sancionará a quienes presenten denuncias falsas. En caso de detectarse hechos asociados a corrupción o que afectasen recursos públicos, y que constituyan delito, la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público. "El combate a la corrupción en el ámbito público requiere de todas las herramientas posibles, y la protección del denunciante va a permitir romper con el círculo hermético en que se protegen quienes cometen la corrupción porque nadie lo denuncia", dijo Larraín.