Quedó en prisión preventiva por orden del tribunal y permanecía desde entonces en la cárcel de Puente Alto. En los últimos días, al menos desde el 27 de marzo, comenzó a presentar síntomas de enfermedad. Él y otros dos internos estaban con un cuadro febril, y de ello dejó constancia el juez de garantía Felipe Prenafeta, tras visitar el recinto penitenciario.
Dos días después, S.A.E.C., de 55 años, marcaba positivo al examen de covid-19 y se convertía en el primer reo en contraer la enfermedad. Era domingo y comenzó una revuelta en la cárcel.
“La situación interna se originó a raíz de la oposición de los imputados de la Torre 4 a ser sanitizadas las dependencias que ocupan, en el contexto de haberse conocido por la población penal de un resultado positivo a covid-19”, reportó el coronel de Gendarmería, Óscar Luna, al mismo juez Prenafeta.
Internos del penal, por su parte, publicaban en redes sociales videos denunciando que en el recinto no había las condiciones de higiene necesarias para evitar un contagio masivo; mientras que la institución penitenciaria firmaba más tarde que estaban aplicándose los protocolos y que el imputado estaba en aislamiento.
Al lugar llegó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal Pública, que representa al imputado.
Mario Palma, jefe de estudios de la Defensoría Metropolitana Sur, adelantó ese día que solicitarían el reemplazo de prisión preventiva por arresto domiciliario total para S.A.E.C., porque permanecer en el recinto penitenciario enfermo no solo ponía en riesgo su salud, sino también la de los otros reclusos.
El defensor Cristián Rojas pidió de manera urgente al tribunal que se fijara audiencia para discutir el cambio de medida cautelar. Ayer el Juzgado de Garantía de Puente Alto escuchó a los intervinientes, mediante una audiencia por videoconferencia, y rechazó la solicitud: el imputado deberá seguir en prisión preventiva para resguardar a la víctima.
Para el fiscal Luis Pérez, de la jurisdicción metropolitana Sur, “la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, que en este caso es su padre de casi 80 años, a quien el imputado ha lesionado en innumerables ocasiones por las que ya ha sido formalizado y, además, ha quebrantado las medidas de prohibición de acercarse a él en varias ocasiones, volviendo a agredirlo y lesionarlo”.
Y, agregó el persecutor, “no se vulnera ninguna de las garantías del imputado al permanecer privado de libertad con la condición de salud de coronavirus, ya que Gendarmería de Chile, como lo dispuso el tribunal, lo mantendrá en un lugar especialmente habilitado para tales efectos”.
Finalizada la audiencia, la defensoría se refirió al caso. Palma, el jefe de estudios, expresó: “Creemos que la protección de la víctima puede ser entregada mediante otros mecanismos, distintos de la privación de libertad, a través de los órganos policiales, con rondas de protección”, ejemplificó. Y adelantó que evalúan recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la decisión del tribunal de garantía.
“Hablamos —puntualizó el abogado— de una persona de 55 años, que no había tenido reproche en materia penal, solo tiene una pena de multa de una UTM, mantenerlo privado de libertad afecta gravemente sus derechos y, principalmente, su condición de salud y su vida”.
Hasta ahora, no está clara la trazabilidad del contagio en el penal. Las autoridades estiman que pudo ser por las visitas que recibió el interno en las últimas semanas.
El motín del domingo acabó, según el INDH y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, con 26 reclusos y dos gendarmes lesionados.