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Ley Antifraude obliga a bancos a reponer el dinero
Por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó la ley que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, estableciendo nuevas obligaciones para los bancos, instituciones financieras y casas comerciales ante delitos en contra de los usuarios.

En simple y con un ejemplo, si a usted le clonan la tarjeta de crédito o debito del banco, y producto de aquello sufre un retiro de dinero indeseado de un cajero automático o es víctima de una compra fraudulenta (compra en un comercio o por internet), la institución emisora de dicha tarjeta tiene que restituirle el dinero defraudado en un plazo no superior a cinco días hábiles desde la fecha en que usted hizo la denuncia y reclamo respectivo, esto en caso que el monto del fraude no exceda las 35 UF ($998.337).

Cinco días hábiles

Si el monto del fraude o robo es mayor a 35 UE el banco o institución financiera tiene siete días más para restituirle los fondos defraudados, a la par de una respectiva investigación interna. El plazo para hacer el reclamo es de 30 días luego de ocurrido el fraude.

El autor de la ley es el senador RN Manuel José Ossandón y entrega más ejemplos: "Ahora el banco o la entidad emisora de tarjetas tiene que responder. Algunos casos: frente a compras por internet fraudulentas o si a usted le clonan la cuenta RUT y le roban $200.000, frente a eso hoy tendría que tener seguro y si no lo tiene, pierde la plata. Con la nueva ley el banco tiene que devolverle en una semana (cinco días hábiles) esos $200.000. Se ha hecho justicia para que quienes emiten las tarjetas inviertan más en seguridad para que la gente esté protegida. A partir de hoy el peso de la prueba está en el banco, no en el cliente".

¿En qué casos opera la ley?
Ossandón explica que la ley establece en su artículo que los bancos e instituciones bancarias deberán restituir los dineros defraudados frente a "casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de crédito, tarjetas de débito o cualquier otro sistema similar, emitidas y operadas por entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y a la regulación del Banco Central de Chile. Asimismo, se aplicará a los fraudes en transacciones electrónicas. Para efectos de esta ley, se entenderá por tales aquellas operaciones realizadas por medios electrónicos que originen cargos y abonos o giros de dinero en cuentas corrientes bancarias, cuentas de depósitos a la vista, cuentas de provisión de fondos, tarjetas de pago u otros sistemas similares. Se comprenden dentro de este concepto las transacciones efectuadas mediante portales web u otras plataformas electrónicas, informáticas, telefónicas o cualquier otro sistema similar dispuesto por la empresa bancaria o el proveedor del servicio financiero correspondiente".

Autofraude

La ley también crea el nuevo delito de autofraude, en caso de que sea el propio usuario quien malverse los dineros tras una investigación interna del banco o institución financiera, recayendo en los juzgados de Policía Local determinar la comisión de tal ilícito. De acreditarse, la persona se expone a una multa de tres veces lo "autodefraudado". La normativa además obliga a las instituciones a bloquear los medios de pago que se encuentren inactivos por 12 meses, a publicar en sus sitios web el número de clientes afectados por fraudes y a dejar de ofrecer seguros contra robos o clonaciones.

"Las empresas que están en el sistema financiero van a tener que entregar certezas respecto de que cuentan con los medios para evitar fraudes, y también genera mecanismo para evitar abusos de los usuarios (delito de autofraude)", opina el diputado miembro de la comisión de Economía, Frank Sauerbaum (RN). Su colega Guillermo Ramírez (UDI), agrega: "Las medidas que se tomarán van a terminar protegiendo a los usuarios de las instituciones financieras, y esa es una muy buena noticia".

"Protege mucho más al consumidor en conflictos que se alargaban en el tiempo"

El economista Roberto Saavedra, de la Universidad Mayor, explica que las víctimas de clonación "se ven enormemente beneficiadas con esta ley, ya que protege mucho más al consumidor en conflictos que se alargaban en el tiempo y obliga al emisor a proteger los datos del cliente". En esta misma línea, el economista dice que "el usuario antes tenía que someterse a largos procesos que incluían demandas civiles para poder llegar a una solución. Con esta ley se acaba ese desgaste". Por otra parte, Saavedra se refiere a la situación opuesta. "La banca venía interiorizando esta ley hace mucho tiempo, por lo que no creo que tenga problemas con adaptarse a ella", dice el economista y agrega que "ahora se verán obligados a hacer las inversiones adecuadas, que postergaron por mucho tiempo, para hacerse cargo de la responsabilidad que significa tener datos confidenciales". En relación a la experiencia internacional, Saavedra asegura que "esto en otros países está regularizado desde hace mucho tiempo y funciona de forma similar a la nueva ley".

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