En ese momento, la administradora de fondos de pensiones inició una profunda revisión y luego de casi nueve meses, el 26 de mayo, presentó una querella en el Octavo Juzgado de Garantía contra dos de sus trabajadores (uno de ellos era supervisor) y contra todos los que resulten responsables, por los delitos de fraude previsional y estafa.
En la querella, la empresa asegura que estas dos personas "realizaron un cambio en la edad y, en algunos casos, de género de ciertos afiliados, y procedieron a realizar solicitudes de jubilación con el objetivo de apropiarse ilícitamente de las pensiones de vejez de manera adelantada". Todo esto, dicen, habría causado un perjuicio de unos $329.415.061.
"La modificación de los datos personales de los afiliados resultaba esencial en la maniobra fraudulenta, por cuanto permitía aparentar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos por la ley para disponer de los fondos previsionales, presupuesto que era necesario para poder transferir los fondos ahorrados en las cuentas individuales", detalla el documento.
Inicialmente, la AFP detectó ocho casos irregulares y asegura que logró impedir que "se consumase la apropiación improcedente de cotizaciones previsionales", pero luego identificó otros 19 casos, "la gran mayoría de los cuales eran, sin embargo, irreversibles, toda vez que se habían originado entre los meses de abril y agosto de 2019, motivo por el cual ya se habían transferido los fondos previsionales de los afiliados".
Según los datos entregados por la propia compañía, los montos brutos pagados van desde $736.677 hasta $84.767.126. En muchos casos son afiliados cuyos RUT empiezan con 16, 17 0 18 millones, por lo que se desprende que aún estaban bastante lejos de la edad requerida para jubilar (60 años para las mujeres y 65 para los hombres). En este sentido, no se trata de jubilaciones anticipadas, sino que de afiliados a los que se les modificaron sus datos para aparentar la edad solicitada para el trámite.
En la mayoría de los casos el mismo afiliado aparece como la persona que recibió el dinero. En uno es la hija del afiliado y en un par de casos los receptores de los dineros no tendrían parentesco con el afiliado.
De qué manera se habrían visto beneficiados los dos ex empleados de la empresa es algo que el Ministerio Público tendrá que dilucidar. "Ante la multiplicidad de posibles participantes en este esquema delictual, y la posibilidad que nos encontremos ante una organización profesional o relativamente sofisticada, será materia de la investigación determinar los vínculos existentes entre cada uno de los potenciales beneficiados o afectados por la sustracción de los fondos previsionales, y aquellos sujetos que facilitaron o directamente modificaron los datos y procesaron las solicitudes de pensiones", puntualiza la querella.