Las principales afectadas son las compañías de telecomunicaciones, las de transmisión eléctrica y las distribuidoras, además de EFE. Lo anterior, redunda en cortes de servicio de luz, telefonía, TV cable e Internet, dejando a la deriva a miles de usuarios.
Según datos de Movistar Chile, por ejemplo, en los tres primeros meses del año el número de robos a sus instalaciones creció en 63% a nivel nacional y 140% si se consideran las diez comunas más afectadas. En estas, en los primeros tres meses del año se registraron 436 robos. En extensión de cable, el incremento fue de 26%, con un robo total en dicho periodo del año de 114,5 kilómetros.
En la distribuidora CGE, en tanto, catastran el robo de 1 61.000 metros de cable en los últimos ocho meses y en la compañía de Telecomunicaciones VTR indican que han tenido 191 episodios de vandalismo en los últimos seis meses.
Las comunas afectadas son urbanas y rurales, en Santiago y Regiones. En el caso de Movistar, las cuatro que presentan más robos son Calama, Concepción, Rancagua y Quilicura, que en conjunto tienen 212 eventos. A nivel interno, el kilo de cobre se está pagando a $3.000 el kilo.
"Muchos de estos delitos están ocurriendo incluso en horarios de toque de queda", resalta Antonio Bueno, director de tecnología de Movistar Chile.
Un factor crucial es el alza del precio del metal. "El precio del cobre es determinante. Hemos visto que a medida que sube, se incrementa directamente el nivel de robos. Estos no son delincuentes comunes, son empresas que manejan este tipo de indicadores y que exportan lo que roban", señala Ricardo Eberle, director jurídico de la Asociación de Empresas Eléctricas.
Según explica Rocío Sancha, comisaria de la jefatura nacional contra robos y focos criminales de la PDI, los autores son grupos organizados. "Si bien hay actores menores, que roban ocasionalmente el tendido eléctrico, los principales son bandas organizadas que funcionan a lo largo del país. Se trata de gente que tiene conocimientos técnicos y equipos, lo que les permite, por ejemplo, robar cables subterráneos, para lo cual hay que tener materiales especiales de tracción. Ese no es un robo hormiga", señala.
En la cadena participan varios actores, desde quienes ejecutan el robo, hasta quienes lo envían al extranjero. "El que roba entrega el material a chatarrerías, donde lo funden para blanquearlo sin dejar huellas de su origen. De ahí pasa a una empresa que lo exporta en containers a Asia. En enero hicimos una incautación de 86 toneladas en Lampa en una empresa comercializadora de metales que funcionaba internamente con una figura y exportaba con otra. Son empresas que saben que el origen es ilícito", explica la comisaria.
En el caso de los cables de alta tensión, su comercialización interna en la gran mayoría de los casos corresponde a delitos, ya que los remanentes de las compañías son exportados. "Existe un protocolo de las compañías para exportar ese material, ya que eso impide que hayan facturas circulando internamente que pudieran ser usadas para blanquear", explica Eberle.
Según explican en las compañías, la expansión de los robos afecta la continuidad del suministro de energía y de los servicios de telecomunicaciones. En tal sentido, el impacto es mayor cuando el robo es en el sistema de transmisión que transporta la energía antes de que sea distribuida finalmente. "Desde el punto de vista de la continuidad de suministro, es especialmente delicado el robo de cables de transmisión, ya que impacta a un mayor número de personas al dejarlas sin electricidad", explica Matías Hepp, gerente de operaciones de CGE.
Una externalidad al robo del cable de cobre es el daño a la fibra óptica. "Producto de los robos, en muchas ocasiones también se ven dañadas las redes de fibra óptica, requiriendo complejos procesos de reparación", precisan en Movistar. Según la compañía, el 80% de las incidencias en su red se deben a robos.
A fines de 2018 se acordó un protocolo de colaboración sobre robo de cables conductores con la unidad de análisis criminal de la Fiscalía Nacional con las compañías eléctricas, las de telecomunicaciones y el Grupo EFE. "Para enfrentar estos delitos actualmente trabajamos en distintos frentes, tanto de tipo operativo, como es la logística, seguridad, monitoreo y custodia de redes, como de tipo estratégico u judicial", señala Eberle.