"Se trata de una caravana de vehículos en la que ellos se van avisando no sólo de los controles de Carabineros, sino que de los controles sanitarios", explicó la fiscal Carla Hernández, a cargo de la investigación. "Hay varias comunas desde Concepción al norte que están con cordón sanitario, además hay toque de queda, por lo tanto otra fuente de información que tuvimos fue la Comisaría Virtual, que permitió establecer los salvoconductos que habían obtenido, de tal manera saber cuál era el origen y destino del viaje", explicó.
La Brigada Antinarcóticos de la PDI de Concepción investigaba una organización que trasladaría una gran cantidad de cocaína desde el norte a la capital de la Región del Biobío. La fiscal dijo que antes del 12 de junio pasado, parte del grupo viajó a Iquique en cuatro vehículos. Uno de ellos era un camión en el que se iba a cargar toda la droga, para transportarla de regreso. Sin embargo, el camión sufrió un desperfecto mecánico, así que no les quedó otra que usar una camioneta. Dos miembros del grupo, que se habían quedado en Concepción, salieron la madrugada del 12 de junio hacia el norte, en otra camioneta, para encontrarse con la que transportaba todo el cargamento. La gran cantidad de paquetes despertaba muchas sospechas. En Chimbarongo, parte de la cocaína base fue cargada en esta otra camioneta, para continuar el viaje a Concepción, pero no llegaron a destino: fueron detenidos antes. La carga era 823 kilos 994 gramos.
La fiscal aseguró en la audiencia de formalización, realizada este martes, que fue muy importante en la planificación del viaje obtener los documentos para burlar los controles sanitarios. "Se contactan con un sujeto que está individualizado en la carpeta de investigación, que es quien les consigue, a través de la Comisaría Virtual, los salvoconductos", explicó. En los 26 celulares que la PDI les incautó a los detenidos aparecen mensajes de audio y de Whatsaspp que ellos intercambiaron con este individuo. Incluso hay fotos de las cédulas de identidad de los miembros del grupo, que le enviaron para que hiciera el trámite.
"Estos salvoconductos no son salvoconductos que pueda obtener un particular. No son para ir al supermercado o para ir a ponerse una vacuna. Es un salvoconducto que se obtiene bajo supuestos contratos de trabajos, con supuestas empresas, y así aparece en los antecedentes que fueron obtenidos desde la Comisaría Virtual por el Ministerio Público", dijo la fiscal.
Contó que uno de los miembros de la organización preguntó por Whatsapp a la persona que hacía este trámite cuál era el rubro de la empresa en que supuestamente estaban trabajando. en caso de ser fiscalizados, les iban a preguntar. "Explica que lo nuestro son las bombas electromecánicas", fue la respuesta. La persona que hacía el trámite incluso les mandó una foto de una bomba electromecánica. Este supuesto empleador, explicó la fiscal, tiene a su nombre tres empresas. "Que suerte que los imputados fueron contratados por un mismo empleador y, además, contratados en un tiempo en que la realidad nacional se enfoca a las antípodas del ofrecimiento o de la suscripción de contratos de trabajo. De hecho el índice de desempleo supera con creces probablemente el de los últimos cinco años", dijo con ironía.
El magistrado Marcelo Bustos decretó prisión preventiva para los 11 imputados, entre los que se cuenta a Emilio Berkhoff, ex líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).