Entre enero y mayo, según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), fueron 2.211 personas las que se sometieron a este mecanismo entre enero y mayo de este año, que significó un alza de 13,3% con respecto al mismo periodo de 2019, con fuerte incidencia en los meses de abril y mayo, cuando ya la crisis económica por la pandemia pegó duro.
¿De qué se trata? La Ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas, vigente desde 2014, le permite a una persona natural liquidar voluntariamente sus bienes o, con intermediación de la Superir, renegociar las deudas con los acreedores si no lo han demandado ante la justicia por estos compromisos morosos (ver recuadro).
Si va por la liquidación voluntaria, la persona junto a un abogado debe iniciar un Procedimiento Concursal de Liquidación, que se puede solicitar a través de la oficina virtual del Poder Judicial, donde expresa al juez que le es imposible pagar y debe entregar el detalle de todos sus activos. Luego el tribunal nombra al liquidador encargado para la venta de los bienes con lo que se paga a todos los acreedores, no solamente a los que hicieron demandas judiciales. Y aunque la enajenación de los activos no alcance para pagar el cúmulo de deudas, todas éstas se extinguen e incluso a la persona la sacan de Dicom.
"La liquidación de deuda es muy útil cuando la relación de deuda frente a los activos de la persona es inferior porque hay que entregar todos los bienes. Entonces, por ejemplo, si vive en la casa que heredó de su papá que cuesta 1 50 millones de pesos, mejor ni se le ocurra declararse en quiebra porque la va a perder", comenta Ricardo Ibáñez, gerente general de Defensa Deudores, entidad que tiene el 40% de los procesos de liquidación de personas.
Agrega que, en promedio, la deuda de quienes recurren a este proceso judicial es de 28 millones de pesos y que tienen al menos siete acreedores.
Fernanda Nieto, gerente comercial de la oficina de abogados StaffChile, dice que para acogerse a esta liquidación voluntaria el deudor debe al menos tener dos demandas judiciales por los compromisos morosos deudas, que puede ser de un mismo acreedor o más. "Todo este proceso de liquidación voluntaria dura alrededor de cinco meses", asegura.
El deudor debe recurrir a esta instancia con un abogado y pagar por este servicio. La mayoría de los estudios de profesionales cobran en cuotas. "Los honorarios van en directa relación con la deuda, con un porcentaje que va entre y 20%", dice Nieto.
En la Superir, en todo caso, tienen convenios con varias universidades y con la Corporación de Asistencia del Poder Judicial para ayudar a las personas que no puedan costear uno. "Siempre, lo más importante, es que antes de tomar cualquier decisión, el deudor se acerque primero a la Superir para que le podamos orientar y asistir", dice el superintendente Hugo Sánchez.
Más liquidaciones
En el contexto de la pandemia, los abogados creen que por la baja de los ingresos, ante la mayor cesantía y la suspensión de los contratos, lo más probable es que subirá la insolvencia de las personas. El superintendente Sánchez cree que es muy complejo predecir si aumentarán estos procesos porque se podrían mitigar con el potente plan de inyección de recursos para reactivar la economía.Renegociar, el paso anterior
Si está hasta el cuello con las deudas y aún no tiene una demanda judicial por los impagos, en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) sugieren acudir a la renegociación, que es gratuito, se realiza íntegramente en esa entidad, y que permite reestructurar todas las deudas con los acreedores, "Se llega a un pago beneficioso para el deudor (mayor cantidad de cuotas, menores tasas de interés, periodos de gracia e incluso en algunos casos remisiones de parte de la deuda, entre otros beneficios), sin tener que perder sus bienes", dice el superintendente Hugo Sánchez.En el sitio de la entidad, las personas pueden de manera remota acceder a una renegociación y a toda información de los procedimientos. "Estamos también celebrando audiencias de renegociación a través de videoconferencia, lo que nos permite que los intervinientes (acreedores y deudor) lleguen a los acuerdos necesarios", comenta Sánchez.
