Carahue y Collipulli, en la Región de La Araucanía, fueron los epicentros de sendos episodios de violencia rural que, esta vez, tuvieron como blanco la “infraestructura crítica”, al causar daños, respectivamente, en instalaciones de servicios aeroportuarios y de ferrocarriles.
Además, se sumaron a la escalada de episodios de fuerza a la que preceden las detenciones logradas en procedimientos policiales en el sur del país, que suman más de 60 imputados desde abril a la fecha, debido a que la principal reivindicación planteada en los lienzos y pancartas encontradas en los atentados es la exigencia de la libertad de las personas condenadas o en prisión preventiva por estos hechos. En este escenario, hoy llegaría a la región el recién nombrado ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez.
A la medianoche del miércoles, en Carahue se registró el “ataque incendiario”, como lo calificó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que destruyó estructuras ubicadas fuera del aeropuerto de La Araucanía —el que se encuentra en la comuna de Freire— y que afectó “las instalaciones de apoyo del radar secundario de ayuda a la navegación aérea”, en el cerro Araucarias de esa comuna.
El secretario general de la DGAC, Ricardo Gutiérrez, explicó que el atentado dañó “el radar mismo”, que está compuesto por elementos in situ y otros remotos. “Aparentemente trataron, sin éxito, de derribar la torre donde está la antena, pero sí destruyeron la sala de baterías, de plantas electrógenas, el área electrónica y la habitación”, detalló Gutiérrez. Dijo que hay seguros comprometidos y que no es posible aún evaluar las pérdidas.
El segundo episodio se produjo a plena luz del día, cerca de las 12:45 horas de ayer y afectó a un tren de carga de la empresa Ferrocarriles del Pacífico S.A. (Fepasa), que circulaba de norte a sur, en el tramo entre Collipulli y Pidima, al norte de la región, y que transporta productos del sector forestal. La empresa reportó el descarrilamiento de la locomotora y de seis carros y un ataque armado contra la tripulación. La empresa rechazó “enérgicamente estos hechos de violencia que afectan a la comunidad y amenazan a nuestros tripulantes, los que cumplen una abnegada y dedicada labor, y representan la principal prioridad para la compañía”.
La focalización de los objetivos de ambos ataques recordó que, desde el año pasado, aún se discute en el Congreso una reforma constitucional de los senadores Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh —a la que luego adhirió el Ejecutivo—, que crea un nuevo estado de excepción, llamado “estado de alerta”, que permite desplegar a las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica (entre las que se cuentan la aeroportuaria y la ferroviaria), sin que aquellas asuman el control del orden público. Dicha moción, presentada en noviembre, fue aprobada por el Senado y ahora se encuentra en la comisión de Constitución de la Cámara.
Conocidos los atentados de Carahue y Collipulli, desde Santiago, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, repudió las acciones. “Queremos manifestar nuestra más enérgica condena a los hechos de violencia que se están produciendo en la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco”, expresó Galli. Al mismo tiempo, argumentó que “nada justifica” estos hechos y, en especial, “cuando pone en riesgo la vida”.
Galli pidió que “la condena sea transversal” e instó al “avance de las investigaciones, para determinar los responsables y llegar a sanciones efectivas”.
La difusión de un registro de audio que correspondería a personal de Carabineros, en el que se instruye a personal de punto fijo “parapetarse” y “no concurrir a comunidades” mapuches, mientras ocurría un ataque armado a un predio de Ercilla, generó que el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, pidiera un informe al mando policial en la zona.
La grabación, entre personal de punto fijo en el fundo y la central de comunicaciones, se habría hecho en el marco del ataque con armas de grueso calibre a la casa del padre del director del Registro Civil de Temuco, Juan de Dios Fuentes. Durante la noche del miércoles, el propio funcionario, que el lunes había sufrido una agresión durante la toma del servicio a su cargo en Temuco, pidió ayuda a través de mensajes de audio por las redes sociales. “Amigos, hay un ataque feroz a mis padres en el campo, en Pidima”, alertó Fuentes, y agregó que “están disparando fusiles y las balas están llegando a la casa”. En la misma comunicación afirma que “necesito, por favor, ayuda”.
Fuentes divulgó ayer imágenes de perforaciones causadas por los impactos de bala en el contenedor que aloja a los policías que cumplen una medida de protección al predio.
Junto con condenar “estos últimos episodios de violencia”, Manoli reconoció que “se ha filtrado un audio”, y afirmó que “nos parece un hecho grave, delicado, por lo cual me he contactado con los generales de Carabineros (de la zona). Les pedí un informe completo de la situación”.
La Asociación de Agricultores de Malleco Victoria rechazó el contenido del audio. “Aquí se está incumpliendo el deber de brindarles protección a las víctimas de la violencia”, manifestó la vocera de ese gremio, Gloria Naveillán. La dirigenta recalcó que “lo ocurrido muestra lo terrible que es para quienes sufren estos atentados constatar que están absolutamente abandonados por las autoridades”.
Frente a una inminente visita a La Araucanía del recién nombrado ministro del Interior, el exsenador Víctor Pérez, Naveillán dijo que “esperamos que en su agenda incluya a las víctimas y nos reciba para entregarle la información que los gremios manejamos”.
Además, se sumaron a la escalada de episodios de fuerza a la que preceden las detenciones logradas en procedimientos policiales en el sur del país, que suman más de 60 imputados desde abril a la fecha, debido a que la principal reivindicación planteada en los lienzos y pancartas encontradas en los atentados es la exigencia de la libertad de las personas condenadas o en prisión preventiva por estos hechos. En este escenario, hoy llegaría a la región el recién nombrado ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez.
A la medianoche del miércoles, en Carahue se registró el “ataque incendiario”, como lo calificó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que destruyó estructuras ubicadas fuera del aeropuerto de La Araucanía —el que se encuentra en la comuna de Freire— y que afectó “las instalaciones de apoyo del radar secundario de ayuda a la navegación aérea”, en el cerro Araucarias de esa comuna.
El secretario general de la DGAC, Ricardo Gutiérrez, explicó que el atentado dañó “el radar mismo”, que está compuesto por elementos in situ y otros remotos. “Aparentemente trataron, sin éxito, de derribar la torre donde está la antena, pero sí destruyeron la sala de baterías, de plantas electrógenas, el área electrónica y la habitación”, detalló Gutiérrez. Dijo que hay seguros comprometidos y que no es posible aún evaluar las pérdidas.
El segundo episodio se produjo a plena luz del día, cerca de las 12:45 horas de ayer y afectó a un tren de carga de la empresa Ferrocarriles del Pacífico S.A. (Fepasa), que circulaba de norte a sur, en el tramo entre Collipulli y Pidima, al norte de la región, y que transporta productos del sector forestal. La empresa reportó el descarrilamiento de la locomotora y de seis carros y un ataque armado contra la tripulación. La empresa rechazó “enérgicamente estos hechos de violencia que afectan a la comunidad y amenazan a nuestros tripulantes, los que cumplen una abnegada y dedicada labor, y representan la principal prioridad para la compañía”.
La focalización de los objetivos de ambos ataques recordó que, desde el año pasado, aún se discute en el Congreso una reforma constitucional de los senadores Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh —a la que luego adhirió el Ejecutivo—, que crea un nuevo estado de excepción, llamado “estado de alerta”, que permite desplegar a las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica (entre las que se cuentan la aeroportuaria y la ferroviaria), sin que aquellas asuman el control del orden público. Dicha moción, presentada en noviembre, fue aprobada por el Senado y ahora se encuentra en la comisión de Constitución de la Cámara.
Conocidos los atentados de Carahue y Collipulli, desde Santiago, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, repudió las acciones. “Queremos manifestar nuestra más enérgica condena a los hechos de violencia que se están produciendo en la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco”, expresó Galli. Al mismo tiempo, argumentó que “nada justifica” estos hechos y, en especial, “cuando pone en riesgo la vida”.
Galli pidió que “la condena sea transversal” e instó al “avance de las investigaciones, para determinar los responsables y llegar a sanciones efectivas”.
Intendente Manoli pide a mando de Carabineros informe sobre filtración de audio captado durante ataque
En el diálogo, entre personal de punto fijo y la central de comunicaciones, se recomienda “parapetarse” y “no concurrir a comunidades” mapuches.La difusión de un registro de audio que correspondería a personal de Carabineros, en el que se instruye a personal de punto fijo “parapetarse” y “no concurrir a comunidades” mapuches, mientras ocurría un ataque armado a un predio de Ercilla, generó que el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, pidiera un informe al mando policial en la zona.
La grabación, entre personal de punto fijo en el fundo y la central de comunicaciones, se habría hecho en el marco del ataque con armas de grueso calibre a la casa del padre del director del Registro Civil de Temuco, Juan de Dios Fuentes. Durante la noche del miércoles, el propio funcionario, que el lunes había sufrido una agresión durante la toma del servicio a su cargo en Temuco, pidió ayuda a través de mensajes de audio por las redes sociales. “Amigos, hay un ataque feroz a mis padres en el campo, en Pidima”, alertó Fuentes, y agregó que “están disparando fusiles y las balas están llegando a la casa”. En la misma comunicación afirma que “necesito, por favor, ayuda”.
Fuentes divulgó ayer imágenes de perforaciones causadas por los impactos de bala en el contenedor que aloja a los policías que cumplen una medida de protección al predio.
Junto con condenar “estos últimos episodios de violencia”, Manoli reconoció que “se ha filtrado un audio”, y afirmó que “nos parece un hecho grave, delicado, por lo cual me he contactado con los generales de Carabineros (de la zona). Les pedí un informe completo de la situación”.
La Asociación de Agricultores de Malleco Victoria rechazó el contenido del audio. “Aquí se está incumpliendo el deber de brindarles protección a las víctimas de la violencia”, manifestó la vocera de ese gremio, Gloria Naveillán. La dirigenta recalcó que “lo ocurrido muestra lo terrible que es para quienes sufren estos atentados constatar que están absolutamente abandonados por las autoridades”.
Frente a una inminente visita a La Araucanía del recién nombrado ministro del Interior, el exsenador Víctor Pérez, Naveillán dijo que “esperamos que en su agenda incluya a las víctimas y nos reciba para entregarle la información que los gremios manejamos”.