El teniente de aviación de la Fuerza Aérea, a cargo de una patrulla que a las 03:30 horas del 10 de julio fiscalizaba el toque de queda en Pudahuel, fue embestido por un sedán blanco que lo arrastró unos diez metros y le causó policontusiones y un esguince de tobillo.
“Pienso que al intentar evadir el control militar, al tratar de acelerar, el conductor perdió el control”, explica el teniente Vidal dos semanas después, en su regreso al trabajo como piloto de avión Twin Otter en el Servicio Aerofotogramétrico de la FACh. Dice que el apoyo de sus compañeros y de la institución fueron vitales para recuperarse y volver al servicio.
Como él, 156 funcionarios del Ejército, la Armada, la FACh, Carabineros y la PDI (16 de ellos mujeres) han sido agredidos durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del covid-19, que hoy cumple 131 días. También hay tres fallecidos: el soldado conscripto de Ejército Hugo Muñoz (arrollado por un vehículo en un control en Puerto Montt), el carabinero Cristián Cifuentes (apuñalado al intentar detener una riña de vecinos en Renca) y el cabo primero de Ejército Alejandro Celis (murió al volcar el camión militar en que viajaba en Marchigüe).
Con al menos 49 días más de estado de catástrofe aún en el horizonte, las Fuerzas Armadas y de Orden no están desgastadas, asegura el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien las está visitando en las regiones (ha viajado 10) para reconocer su labor, alentarlas y ratificarles que tendrán el apoyo del Ejecutivo ante cualquier incidente que las afecte.
“No, no los veo desgastados”, insiste el titular de Defensa. “Pero uno tiene que ser proactivo en demostrar que las autoridades civiles no estamos encerradas en nuestras oficinas mientras ellos están saliendo a la calle y arriesgando su salud y sus vidas para controlar el coronavirus (…). Es clave para la mística, la convicción, para que se sientan con apoyo político en cuanto a que lo que están haciendo es valorado”, agrega.
El viernes, en recorridos por Los Lagos (5.479 efectivos desplegados) y Los Ríos (2.204), Espina les transmitió la importancia de su labor para los tres objetivos principales del Gobierno: controlar la pandemia, recuperar la economía y llevar a cabo no solo el plebiscito constitucional del 25 de octubre, sino también las seis elecciones programadas para los 14 meses posteriores.
El orden público, no obstante, parece dirigirse a un nuevo test. Por un lado, los jefes de la Defensa Nacional de Los Lagos y Los Ríos coincidieron en sus reportes a Espina en que luego de semanas de relativa calma, las protestas reaparecieron en los últimos días, por el retiro del 10% de las AFP y el caso de Martín Pradenas. Y por otro, las autoridades civiles le plantearon sus aprensiones respecto del efecto combinado que tendrán la crisis económica y el inicio de las campañas políticas.
Espina reconoce inquietud de las filas por los riesgos que implica controlar el orden público, tarea para lo cual los militares no estaban entrenados ni tenían medios adecuados. Por ello considera importante reforzarles que mientras actúen conforme a la ley, tendrán el respaldo de la autoridad civil. Dice que en estos meses las FF.AA. han logrado un “doctorado” en trabajo en equipo con las policías y que están mucho mejor preparadas que antes de la crisis social de octubre.
El titular de Defensa también apunta al factor político. “Quienes critican a las FF.AA. se han tenido que tragar sus palabras, porque llevan más de 127 días resguardando el orden público y no han existido casos en que se diga que han vulnerado los derechos humanos. Esa consigna anti-FF.AA. que tienen los grupos de izquierda se ha quedado sin argumentos”, plantea. “Algunos de ellos esperan que se produzca un error de las FF.AA. He visto un grado de permanente hostigamiento hacia las FF.AA. en algunos sectores de la izquierda y por eso salgo a darles apoyo a nombre del Presidente. Las FF.AA. no son ni de derecha ni de izquierda”, agrega.
En el Parlamento el terreno también le ha resultado complejo. Pensando para la urgencia de la crisis social, el proyecto de ley de Infraestructura Crítica —que permite a los militares resguardar los servicios básicos sin que el Ejecutivo deba decretar un estado de excepción— lleva ocho meses en primer trámite constitucional en el Senado. Espina reconoce que no hay votos para aprobarlo, y acusa una “grave irresponsabilidad política de la oposición”, pues considera contradictorio impulsar el plebiscito y negarle al jefe de Estado las medidas de seguridad que requeriría para prevenir situaciones que, ex post, terminan llevando a estados de excepción.