Imputación del Ministerio Público
El Ministerio Público les imputó a los ex tres funcionarios los eventuales delitos de malversación de caudales públicos y destinación pública diferente (desviar dineros para fines de los cuales legalmente no fueron concebidos), hechos que, de acuerdo al Ministerio Público, se circunscriben entre los años 2014 y 201 6, periodo en el que fue alcaldesa de la comuna Josefa Errázuriz.Contratación de auditoría
A fines de 2016 la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, encargó una auditoría a la Corporación de Desarrollo Social, labor que estuvo a cargo de la empresa KPMG, la que detectó un déficit en dicha corporación de 6.925 millones de pesos. La jefa comunal, en paralelo, informó del hecho a la Contraloría General de la República e hizo una denuncia ante el Ministerio Público, entidad que ordenó incautar la documentación contable de la Corporación de Desarrollo Social entre los años 2014 a 2016, y encargó a la PDI la realización de peritajes que derivaron en la formalización de este viernes, donde comparecieron ante el juez Leonardo Valdivieso, del 80 Juzgado de Garantía de Santiago, Jaime Brito, Enrique Martínez y Mariano Rosenzvaig, este último lo hizo vía Zoom, pues vive en Cambridge, Inglaterra.Los 13 hechos expuestos por la Fiscalía
La fiscal María Gloria Vásquez, detalló los hechos en los cuales los tres imputados, según ella misma detalló, habrían utilizado dineros de los fondos FAEP (Fondos de Apoyo a la Educación Pública) y SEP (Subvención Escolar Preferencial), entregados por el Ministerio de Educación a la municipalidad, para pagar "gastos que no tienen directa relación con la funciona educativa", según explicó.Los 13 hechos hechos son:
- Aprobar gastos de banquetería por 2 millones de pesos, para una fiesta de fin de año en 2014.
- Aprobar 2 millones de pesos en alimentación y alojamiento para una jornada recreacional para el personal de la corporación en marzo de 2015
- Aprobar la compra de jeans para los funcionarios de la corporación por 4 millones de pesos
- Aprobar la compra de 107 millones en tarjetas gift cards, cada una por un monto de $120.000 (en 2014), $150.000 (en 201 5) y $170.000 (en 201 6), para ser utilizadas en tiendas Paris y Johnson.
- Autorizar la entrega de tres vales de $5.000, para cada funcionario de la corporación, para ser canjeados en la Ñam Fonda en las fiestas patrias de 201 5, por un monto total de 13 millones de pesos
- Aprobar también el pago por un vino de honor en un acto de la corporación en el centro Cultural Monte Carmelo, por 1 millón 600 mil pesos
- Autorizar la compra de 1.500 cajas con 6 copas de vino de regalo para los funcionarios por 23 millones de pesos
- Autorizar la compra de 238 juguetes para los hijos de estos por un millón de pesos, todo en 2015.
- Autorizar el pago de 2 millones de pesos más por una actividad recreativa con piscina y alimentación buffet en un centro recreacional de la quinta región.
- Autorizar el pago de 14 millones de pesos, con alojamiento de una noche para 70 personas.
- Autorizar en 2016 una actividad recreativa en el rssort Rosa Agustina (monto en investigación).
Todos los hechos anteriormente descritos caen en la categoría del delito de malversación de caudales públicos. "Los tres imputados que tuvieron acceso a fondos para la educación, los utilizaron con beneficio para terceros y autorizaron que se les haya dado una destinación publica diferente", resumió la fiscal
Se suma a lo anterior dos hechos que fueron caratulados por la fiscal como "delito de destinación pública diferente":
12. Autorizar el pago de 411 millones de pesos al pago de cotizaciones provisionales de los trabajadores.
13. Aprobar el pago de 1.099 millones en remuneraciones.
Estos dos últimos pagos fueron calificados como delitos por el Ministerio Público porque al usar platas destinadas "para subvenciones escolares y no para pagar sueldos". "Lo que obligó al municipio a cubrir esos dineros, dejando de lado otros planes comunales", planteó el abogado de la municipalidad de Providencia, Sergio Contreras, quien al igual que la Fiscalía pidió la prisión preventiva de para los tres imputados, la que fue concedida por el magistrado a cargo de la audiencia, Leonardo Valdivieso.