De lo anterior se derivó una inédita crisis migratoria, incluso con cambios en el sistema de visados. Quince meses después, en el actual contexto de crisis sanitaria, en la frontera norte proyectan una oleada similar cuando se abra el paso de personas y vehículos, que se encuentra suspendido desde mediados de marzo pasado.
Aunque las cifras no estarían del todo claras, desde Tacna autoridades del gobierno regional, comunales y policiales estiman el potencial flujo a Chile en varios miles, incluso en torno a diez mil personas, donde predominarían, por lejos, venezolanos, seguidos por colombianos e incluso peruanos esperando por trasladarse.
Mientras tanto, en Arica ya se activaron las alertas ante una gran cantidad de personas, que si bien solo tendrían a esa ciudad de paso para dirigirse más al sur, igualmente generarían un costo difícil de asumir.
Ayer, por ejemplo, el intendente de Arica y Parinacota, Roberto Erpel, encabezó una reunión remota extraordinaria con los gobernadores, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carabineros, Policía de Investigaciones, fiscalía y organismos públicos, para coordinar el trabajo que contenga el aumento del ingreso de extranjeros por pasos fronterizos no habilitados.
“La región está bajo una importante presión migratoria ilegal, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica que afecta a los países del continente”, dijo.
También recalcó que el resguardo de las fronteras por parte de las FF.AA. y las policías, tiene especial importancia durante la actual pandemia, cuando los ingresos irregulares amenazan con nuevas fuentes de contagio a la población local.
Según registros del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Arica, durante los últimos seis meses de pandemia han ingresado a Chile por algún paso no habilitado al norte de esa comuna un promedio de dos personas al día. Antes de la llegada del covid-19, ese promedio era de un migrante por día. La instancia reveló ese desglose: en enero, 22 entradas clandestinas; en febrero, 17; en marzo, 48; en abril, 31; en mayo, 47; en junio, 62; en julio, 81, y en agosto, 73.
Mientras que en los últimos dos meses, la fiscalía registra 11 casos de tráfico de migrantes, con 178 víctimas extranjeras —incluidos 48 menores de edad—, además de 20 imputados. De ellos, 18 son de nacionalidad venezolana y están en prisión preventiva.
El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (Partido Liberal), advirtió que “tras la pandemia, vamos a vivir un momento crítico en temas de migración, sin la mirada más profunda y el apoyo más directo que debiera entregar el Estado. Semanalmente son cientos de mujeres, hombres, niños, niñas y adultos mayores que cruzan el desierto en manos de ‘coyotes', desafiando a la muerte por las minas antipersonales, por la deshidratación o las inclemencias propias de nuestro paisaje”.
“Hoy la situación es crítica. Hay un grupo de personas migrantes que ingresan y si son sorprendidos por las autoridades, van a las ‘residencias sanitarias' para su control. Pero tenemos un grupo mayor que ingresa y que andan en la calle deambulando, durmiendo en las plazas y parques. Nosotros como ciudad terminamos haciéndonos cargo, mientras ellos logran avanzar hacia el resto del país”, añadió.
La gobernadora provincial de Arica, Mirtha Arancibia, en la reunión de este mes del Consejo Comunal de Seguridad Pública, dijo “tenemos un proyecto de ley de migraciones que se le hicieron dos indicaciones bien complejas y que han funcionado prácticamente como un llamado para que las personas puedan ingresar de la manera que sea a nuestro país. Eso es lo que nosotros estamos viviendo como ‘Puerta Norte' de Chile”.