No basta el título para trabajar como abogado penal público. Para habilitarse necesariamente se debe rendir una prueba técnica, conocida como "examen habilitante", requisito clave para ejercer como jurista litigante en la defensa pública.
Rubén Romero, jefe del departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública (DPP), explica que este organismo funciona mediante un sistema público-privado, donde los defensores privados ingresan a través de un sistema de licitaciones que les exige esta evaluación. Por ello, los abogados que decidan insertarse en este ámbito sí o sí deben aprobar este examen.
"Es una prueba de conocimientos técnicos en materia de defensa penal general y penitenciaria, cuya aprobación establece la habilitación de un abogado para desempeñarse como defensor penal público. Las bases de licitación del servicio de prestación de defensa penal pública exigen como requisito esta habilitación y otorga puntaje al oferente según la calificación en la prueba", precisa.
¿Quiénes pueden dar este examen? Los abogados o egresados de Derecho con carpeta abierta en la Corte Suprema a la fecha de la inscripción de la prueba (con fecha para jurar). El examen -que no tiene costo- se puede dar en cualquiera de las oficinas regionales de la DPP. La habilitación dura cuatro años; luego los juristas deben volver a rendir el mismo examen. Detalles acá.
Pero el proceso no llega hasta acá. Además del examen, los aspirantes deben cumplir ciertas horas de audiencia -como abogado reemplazante- y luego pueden comenzar a ofrecer sus servicios como tales. "La cantidad de audiencias depende del requisito que se establezca en cada licitación regional", detalla Romero.
En el caso de los defensores públicos que ingresan a la DPP, se hace a través de un proceso concursal regulado por el Estatuto Administrativo y que también incluye una prueba técnica de ingreso.
El reemplazante
Diego Nillo (27) rindió el examen en agosto sin jurar aún como abogado. Como tenía abierto expediente en la Corte, pudo inscribirse sin problemas. "Con el examen de grado aprobado, y la práctica aprobada, uno va hasta la Corte Suprema para iniciar el trámite de juramento. Con ese trámite ya iniciado uno se puede inscribir para la prueba. La gracia de este proceso es que permite tener contacto con el mercado laboral antes de titularte. De hecho, muchos abogados optan por este camino, ya que es mucho más rápido", comenta.En septiembre juró como abogado. Y este año -por la pandemia- la prueba la rindió en un formato online. Se preparó tres meses antes de dar el examen. "El temario es un poco extenso (se descarga en la DPP). La prueba es de alternativas -verdadero o falso- y dura unas dos horas". En su caso, obtuvo un logro de 82% (el máximo es 100%; aprueban quienes consigan desde 50%).
Hoy Nillo trabaja como abogado de reemplazo en una empresa que presta servicios a la DPP de Maipú. "La defensoría es la que me acepta, pero yo no tengo un contrato con ellos, ya que el vínculo se hace directamente con los abogados licitados. La defensoría pide unas 200 audiencias para comenzar a ofrecer servicios como abogado licitado. Esa cantidad se puede lograr en un plazo de seis meses o más de un año".
Sobre los sueldos, cuenta que gana por día unos $50.000, independiente de lo que haga y del horario en que trabaje. "Por ejemplo, si un defensor licitado toma vacaciones un mes y medio, un reemplazante podría ganar $1,5 millones".
Riguroso filtro
Nicolás Segovia (28) es otro abogado reemplazante que está juntando audiencias para luego ofrecer sus servicios de manera particular. La prueba la rindió a fines del año pasado y obtuvo un súper buen puntaje: 88%. "Hay que estudiar harto para esa prueba. Es como un examen de grado, pero penal. Es súper compleja en términos de que es mucha materia para tan pocas preguntas. Preguntan de todo. La defensoría es súper transparente y publica las otras pruebas; lo típico es que todos estudien de ahí. Con mis compañeros nos juntábamos y discutíamos las respuestas de pruebas anteriores", recuerda.Algo que le ayudó a subir su puntaje, dice, es que justo el año pasado realizó un diplomado en procesal penal; en paralelo, también hizo su práctica. "Cuando hice mi práctica en la defensoría de Lo Prado conocí a un defensor licitante. Meses más tarde me lo volví a encontrar; me señala que tomaría sus vacaciones y que si lo quería reemplazar. Así que le mandé todos mis antecedentes y cursos realizados. Por otro lado, la defensoría se tiene que cerciorar que uno es apto para el cargo, y en ese caso a mí me citaron para una entrevista. Pensé que era la típica entrevista laboral, pero en realidad fue una prueba oral. Me preguntaron varias cosas. Fue muy chocante, porque nadie te dice nada", cuenta.