Marcela Arriagada habla un poco cortante cuando le preguntan cualquier cosa relacionada con su hijo Bastián. Por cautela, cuenta, porque teme que la pena se apodere de ella de nuevo y la tumbe, como lo hizo hace diez años cuando supo que su hijo era uno de los 81 reclusos que murió en el incendio de la Cárcel de San Miguel.
"Me viene la pena como de golpe, toda junta", dice. "Durante todo este tiempo he tratado de salir adelante, trabajando, con la pena siempre presente, porque nunca voy a olvidar a mi hijo, pero dejándola un poco escondida. He perdido varios trabajos porque me derrumbo a veces, así que prefiero evitan De hecho cerré todo lo relacionado con la justicia. La borré de mi cabeza. Porque ni toda la plata del mundo me va a traer de vuelta a mi hijo".
Sin ir más lejos, Marcela admite que no tenía la menor idea de que el 70 Juzgado Civil de Santiago dictó un fallo de primera instancia donde le ordena al fisco a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas del incendio, por un valor total de $3.789.500.000. La medida beneficia a los familiares de 72 internos fallecidos y 13 sobrevivientes, que fueron los que presentaron demandas.
Marcela no sabía tampoco que el tribunal había fijado una indemnización para ella y sus hijos: 45 millones de pesos en total. Tras escuchar el monto, Marcela se queda unos segundos en silencio. Luego comenta:
"¿Que qué opino? Opino que mi hijo nunca debió morir en ese lugar", dice. "A Bastián lo detuvieron por vender CD en la calle, le pasaron una multa, no fue a firmar y por eso lo encerraron con los presos más peligrosos de la cárcel. Cómo es posible que un vendedor ambulante muera así. ¿Por vender CD? ¿Que qué opino de la plata? No me interesa la plata; no me interesa nada. Mis hijos han sufrido una enormidad y a la más chica le ha tocado ver todo mi proceso. No espero nada de nada y sigo sin esperar nada".
En el fallo, el tribunal argumentó que "las autoridades penitenciarias no podían menos que prever que el hacinamiento, la inexistencia de medidas de evacuación, el exiguo número de funcionarios a cargo de población penal y la escasa o nula preparación bomberil de los funcionarios de Gendarmería, convertían a los cilindros de gas (que fue el detonante del incendio en la cárcel) en una bomba de tiempo para la seguridad de la población penal".
Jaime Gatica, abogado de Marcela Arriagada y de otros 32 familiares, valora el fallo "porque el tribunal reconoce el daño moral a los familiares", pero dice que apelarán.
"Aquí se responsabiliza el actuar negligente de la administración al no controlar el uso de los balones de gas, pero no responsabiliza al Estado", dice. "Lo que dice el tribunal es que si el Estado mete a mil reclusos en una celda de tres por tres, no es responsable porque eso es política pública, y los tribunales no pueden juzgar temas de política pública. Eso no puede ser. Lo que aquí hubo fue una falta de servicio del Estado y eso significa que no entregó un servicio mínimamente eficiente. Era tan espantoso el hacinamiento, que la riña se originó precisamente porque los reos se estaban disputando espacio vital y metieron un balón de gas porque no les alcanza con la comida que le dan en la cárcel. El que ha fallado aquí es el Estado y eso no lo recoge el fallo".