La tarde del jueves recién pasado, Adrián Zarricueta, de 43 años, contestó una llamada que lo hizo sentir alivio. Sus abogados le avisaron que la Corte Suprema había fallado a su favor y había condenado al Estado a indemnizar con una suma de 40 millones de pesos. ¿El motivo? Las negligencias cometidas por el Ministerio Público en el año 2013, y que lo llevaron a pasar 79 días en prisión preventiva, mientras se investigaba su participación en un delito de robo con violación ocurrido en La Serena. En ese momento, Zarricueta, obrero de la construcción, se encontraba en Copiapó, a 337 kilómetros de distancia del lugar de los hechos.
La pesadilla comenzó en marzo de 2013, mientras trabajaba en la construcción de viviendas en Copiapó. Un día un familiar le avisó que lo estaban buscando de la PDI sin dar razones. No le dio importancia. En mayo de ese año, Zarricueta volvió a Coquimbo para trabajar en una constructora. A los días le comentan que la policía seguía preguntando por él. Intrigado, el obrero va al cuartel en Coquimbo a ver qué pasaba. ¿El resultado? Fue detenido, formalizado y llevado a la cárcel de Huachalalume, en La Serena, durante los 45 días que debería haber durado la investigación.
En medio de la audiencia, Adrián accedió a que se le practicara un examen de ADN para contrastar con las muestras obtenidas a la víctima. Sin embargo, el tiempo pasó y el resultado del examen no llegó. Más de un mes después de que se cumpliera el plazo de investigación e incluso una semana después de que la fiscalía recibiera la confirmación de que la muestra del obrero no coincidía con la de la joven, Zarricueta fue absuelto.
¿Cómo se metió en este lío el obrero? La abogada especialista en Derechos Humanos, Catalina Hernández, quien estuvo a cargo del caso cuando se iniciaron acciones civiles, explica que la joven víctima de la violación, estaba vacacionando en La Serena cuando pidió un taxi colectivo para ir a Peñuelas. En el trayecto, el conductor la atacó.
"En su declaración, la víctima habló de una empresa de taxis y de que el auto tenía la bocina mala, porque ella trató de apretarla mientras intentaba zafarse y no sonaba. La policía fue a la empresa, y se dio cuenta que el papá de Adrián tenía un vehículo ahí que tenía la bocina intervenida, pero sí sonaba. Luego a la víctima le mostraron fotos de los choferes de esta línea, incluido Adrián y ella lo reconoció. El problema es que estos reconocimientos son muy cuestionables, porque las víctimas están en un momento muy traumático, no siempre pueden recordar bien. Ella había declarado que su atacante medía 1.70 y Adrián medía 1.55. Eso no se tomó en cuenta".
En 2016, el caso de Adrián llegó al Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, cuyo objetivo es reparar el daño a la imagen pública de los inocentes que estuvieron privados de libertad, gracias a un convenio con la Fundación Pro Bono, que permite que prestigiosos estudios jurídicos privados los asesoren de forma gratuita. El estudio Bofill Mir & Álvarez Jana tomó su defensa.
Después de varias instancias la causa llegó a la Corte Suprema, la que acogió la demanda de Adrián, por considerar que hubo una conducta "injustificadamente errónea o arbitraria" en la demora de las diligencias del examen de ADN y en su presentación al tribunal.
"Lo que fue más grave es que una vez que a la fiscalía le llegó el resultado del laboratorio que notificó que el ADN no calzaba con los restos químicos del caso, la fiscalía no informó inmediatamente al tribunal. Fueron 8 días. El punto del tribunal es que si tú tienes antecedentes que demuestren que un hombre que está en prisión es inocente, tienes que entregarlos inmediatamente al tribunal", explica el abogado Cristóbal Valenzuela, parte de la defensa.
Desde su casa en Coquimbo, junto a su esposa y sus tres hijos, Adrián cuenta que a pesar de todo lo vivido tenía confianza. "Estamos felices con mi familia. Esto ayuda, pero el daño que uno vive no se olvida y siempre estará ahí. Cuando llegue este dinero nos va a servir para concretar un proyecto de trabajo que tenemos".
"Se dice que uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero en mi caso no fue así. La Fiscalía debe investigar mejor. Hay muchos casos como el mío", agrega.
Humberto Sánchez, encargado jurídico del Proyecto Inocentes, comenta que el año 2020 hubo 2.800 personas en prisión preventiva que luego fueron absueltos por ser inocentes. "Esta cifra fue menor que años anteriores, donde normalmente hay entre 3 mil y 3.500 casos".
Carolina Contreras, Directora Ejecutiva de Fundación Pro Bono sostiene que "a través de este tipo de fallos se confirma la importancia de nuestra labor al buscar que todas las personas tengan acceso a la justicia".
Luego del resultado del ADN, la policía logró dar con el verdadero culpable, quien tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y rasgos físicos similares a Adrián. Cumple condena desde el año 2016.