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Presidente de los jueces y la condena del Cisarro

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó este lunes a un joven de 23 años a una pena de 10 años y un día de cárcel, como autor de un violento asalto contra una familia de Buin, cometido el 2019. Se trata del muchacho que desde hace más de una década es conocido como el Cisarro.

Su nombre es Cristóbal y ésta es la primera vez que enfrenta una condena como adulto. Pero no es la primera vez que enfrenta a un tribunal. En su hoja de vida hay más de 30 detenciones. La primera el 2006, cuando apenas tenía 9 años.

"Aquí vemos el fracaso de una política pública, porque el Estado no cumplió con su rol protector de la infancia", reflexiona el juez Mauricio Olave, presidente de la Asociación de Magistrados de Chile. "Cuando estos niños, como Cristóbal, llegan a adultos, los jueces no tenemos otra opción que aplicarles sanciones si cometen delitos. Pero nos quedamos con la sensación de que, probablemente, si la acción del Estado hubiera sido eficaz, integral y oportuna con ellos, estas cosas no hubiesen sucedido", agrega.

Olave cita las palabras del siquiatra Rodrigo Paz, quien atendió a Cristóbal cuando tenía II años, en el Hospital Luis Calvo Mackenna. "A los jueces penales lo único que nos queda es mirar. ¿Cometió el delito? Sí. ¿Cuáles son las penas que la ley establece para este delito? Estas. Eso hacemos. Pero ya es tarde. Con el caso de Cristóbal queda claro que lo penal ya no sirve de nada. Como dice su siquiatra: lo perdimos cuando cortaron la intervención estatal, que había logrado revincularlo con el colegio y tratar sus adicciones y problemas de impulsos".

-¿Puede identificar en qué está fallando el Estado, magistrado?
-Te daré un ejemplo que nos pasa en materia penal. Cuando los niños han cometido un delito, quedan bajo medidas cautelares y una de ella es el ingreso a un programa de control. Entonces, el juzgado de garantía, a cargo de la investigación, controla que el niño cumpla la medida. Esos programas, muchas veces, logran que el niño se reinserte en el colegio, salga del contacto con pares criminógenos y empiece a retomar su vida.

-Eso es muy bueno.
-Pero todo esto ocurre durante la investigación. Cuando el niño deja de estar a cargo del tribunal de garantía y pasa al juicio oral, con otros jueces, el joven tiene que salir del programa que recién estaba logrando sus frutos, aunque lo condenen a una pena que se pueda cumplir en libertad. Y sale del programa para ingresar a otro, que muchas veces no dialoga con el primero. Entonces, el niño tiene que partir de cero y, a veces, en un ambiente más precario y con menos control.

-¿Y ustedes, como jueces, no pueden hacer nada?
-En ocasiones, cuando hay audiencias especiales para determinar las penas, los niños y sus defensores nos piden que los mantengamos en los programas, pero tenemos que decirles que no, porque el diseño no está pensando así.

-¿Entonces qué sugiere para este tipo de casos?
-En otros países, como Estados Unidos o Alemania, existen servicios sociales que son administrados por el Estado, no por los jueces. Son instituciones potentes, que permiten que muy pocas cosas terminen en el sistema judicial. En Chile, en cambio, tenemos la lógica que todo tiene que ser en un tribunal, pero lo lógico sería tener un sistema potente y administrativo que tome al niño y le dé una mirada integral a su problema.

-¿Cómo debería actuar ese servicio social?
-En el caso del joven Cristóbal, con una mamá vinculada al microtráfico y un papá ausente, Io que tienes que hacer no es sólo sacar al niño de ese ambiente, sino también lograr que la mamá deje la droga y apuntar a toda su familia. Hay que determinar cuáles son las necesidades del niño. Y eso no tiene por qué ser judicializado. Lo que requerimos es un servicio social potente a nivel central. Es una lógica distinta.

-Algo así como cortar el río aguas arriba.
-Tal cual. Si vemos el caso de Cristóbal, el niño cumplió 18 años y pasó a ser considerado un adulto. Y ya no hubo más programas de reinserción para él. Entonces siguió cometiendo delitos. Hoy tiene 23 años y ya fue condenado a IO años de cárcel. Este caso, sin dudas, es la derrota del sistema.

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