Cuatro economistas manifestaron su preocupación de llegar a ponerse en práctica el proyecto de ley que asegura una Pensión Garantizada Universal (PGU), sin contar con los recursos necesarios para su correcto funcionamiento. Según Andrea Repetto, José de Gregorio, Rodrigo Valdés y Eduardo Engel, la iniciativa debe ir acompañada junto a una reforma tributaria o de lo contrario el fisco se enfrentará a gastos permanentes sin los necesarios ingresos permanentes. "Esta es una estrategia peligrosa, ya que con alta probabilidad se aprobarán solamente los gastos", plantearon.
"Nos parece que la estrategia más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses. Solo de esta manera estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de manera integral los problemas del sistema de pensiones. Entendemos, también, que es urgente mostrar avances. Ello, sin embargo, no puede ser a costa de aumentar aún más los desequilibrios fiscales, por entendible que pueda ser que el gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías", sostuvieron en una carta enviada a "El Mercurio".
José de Gregorio, expresidente del Banco Central y exministro de Economía en el gobierno de Ricardo Lagos, en conversación con este diario fundamenta sus reparos respecto al proyecto de PGU. "Los gastos permanentes deben tener financiamiento permanente y lo que ocurre en este caso es que hay dos proyectos separados: un proyecto de exención tributaria, que es parte del financiamiento y, por otra parte, el proyecto de la pensión", dice.
"No pueden ir separados porque puede pasar que el proyecto de exenciones tributarias no se apruebe, que no haya acuerdo como lo que ha pasado con el impuesto al diésel, por ejemplo. Entonces, ya hemos tenido experiencia al respecto y hay poca probabilidad de que se apruebe esta iniciativa de exención tributaria", dice.
"El gobierno propone que se gaste un punto adicional del PIB. Pero parte de su financiamiento consiste en desahorrar del Fondo de Reserva de Pensiones y en aprovechar un menor gasto en pensiones del sistema antiguo, que ya se usó hace bastante tiempo en financiar reformas previas", agrega.
¿Holguras?
"En tercer lugar se habla de utilizar holguras. Las holguras,
en el fondo, son situaciones donde hay espacios para
ajustar el presupuesto, pero este es un espacio fiscal
fantasioso porque el presupuesto que tenemos es súper
estrecho. Chile actualmente está endeudado", añade. -¿Usted considera entonces que la Pensión Garantizada Universal es una mala política pública?
-No, es una muy buena idea. Pero dado el contexto en que nos encontramos se requiere una reforma de pensiones total. La Pensión Garantizada Universal no va a resolver el problema que enfrentamos. Va a proveer un piso mínimo, pero no tiene nada que ver con las bajas tasas de reemplazo, por ejemplo. La Pensión Garantizada Universal está más cercana a una política social, que a una política de pensiones.
-¿Es riesgosa su implementación?
-Lo que nosotros decimos es que se puede aprobar un proyecto, que puede ser bueno y en el que hay bastante consenso, pero es riesgosa su implementación porque no contamos con financiamiento permanente. Es muy riesgoso entrar con proyectos que pueden tener repercusiones permanentes. Chile tiene una deuda y los partidos políticos han sido incapaces de abordar una verdadera solución al problema de pensiones. Lo único que hacemos es olvidarnos del tema contributivo y solo poner subsidios, que es la parte fácil, pero que es la parte que daña las políticas públicas del país.
Las cifras
El diputado Manuel Monsalve (PS) e integrante de la comisión de Hacienda, respalda la tesis propuesta por los economistas e incluso tiene una estimación de cuánto le falaría al Estado para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU). "El proyecto tiene un costo del 0,95 del PIB, se trata de 3 mil millones de dólares por año. De ese total 0,5 puntos del PIB se obtendrá de la provisión del tesoro público. Después otro 0,35 puntos del PIB se obtendrán a través de modificaciones tributarias, específicamente al término de exenciones tributarias y 0,1 van a salir de lo que el Estado le aporta al fondo de reserva de pensiones", comenta."De ese total, solo 0,35 del PIB corresponden a nuevos ingresos para el Estado, que son las exenciones tributarias. El otro 0,1 no es ingreso nuevo porque debes considerar que vamos a crecer poco y a tener menos plata. Por otra parte, ese 0,5 del PIB no existe porque Chile está teniendo menos ingresos de lo que gasta", añade.
"Entonces el Estado está aumentando sus gastos en 3 mil millones de dólares y sólo está obteniendo mil millones de dólares a través de las exenciones tributarias. Estarían faltando 2 mil millones de dólares", sostiene Monsalve.
"No sé si fusionar ambos proyectos sea la solución como plantean los economistas, lo que sí está claro es que el mecanismo de financiamiento tiene cuestionamientos. Lo que corresponde es buscar acuerdos para mejorar el proyecto y que las modificaciones tributarias permitan al menos 3 mil millones de ingresos nuevos al Estado", sostiene.
"Está el financiamiento"
En tanto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, defendió la iniciativa y puntualizó que "sí está el financiamiento". "Ha habido otros proyectos de ley antes, que son los proyectos de ley larga y corta, que tenían financiamiento y que lamentablemente no pudieron avanzar, pero como no pudieron avanzar ese financiamiento se ocupará para la PGU", sostuvo en "Radio Cooperativa"."La otra cosa que ha ocurrido es que gracias al fruto del mayor crecimiento que hemos tenido este año, se nos está otorgando mayores proyecciones de ingresos fiscales para los próximos años. Estos recursos nos dan tranquilidad acerca del financiamiento de este proyecto de ley y, por lo tanto, queremos que esto avance lo antes posible. Ya es el momento de que avancemos, hay muchos chilenos que están muy esperanzados", agregó