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Denuncian a alcaldesa Hassler en Contraloría por dejar de aplicar la Ley Aula Segura

A primera hora de este lunes los diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper y Hugo Rey, acompañados de los concejales de Santiago, Juan Mena y Santiago Mekis, más representantes de la Agrupación Santiago Seguro, ingresaron ante la Contraloría General de la República un requerimiento en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por supuestamente no aplicar la ley Aula Segura (aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera en 2018). A la misma hora de la presentación se realizaba un operativo por parte de Carabineros en el exterior e interior del Liceo Confederación Suiza que dejó doce detenidos, en medio de incidentes donde hubo lanzamiento de bombas molotov desde los techos del colegio hacia la calle.

El requerimiento

El texto, presentado ante el ente contralor, se fundamenta en una denuncia del exrector del Internado Nacional Barros Arana, Gonzalo Saavedra, quien afirmó que desde que asumió la nueva administración del municipio de Santiago, en junio de 2021, se le dio la orden de no aplicar la ley de Aula Segura, según confesó en entrevista al programa "Días Contados" de canal Vía X (contactado el exrector, no respondió a los llamados de LUN).

"A modo de ejemplo durante el último tiempo se han vivido constantes enfrentamientos con Carabineros de Chile, lo que inclusive impide que gran parte del alumnado pueda asistir a clases presenciales. Situaciones que se repitan dentro del establecimiento, donde se han producido una serie de actos de violencia entre compañeros, lo que se ha traducido en constantes reclamos por parte de profesores y directivos", versa el documento.

Y agrega: "En específico, la gravedad de la denuncia radica, en que pese a los constantes hechos de violencia, de conocimiento tanto interno como nacional, la denunciada doña Irací Hassler, mandató expresamente al exdirector del Internado Nacional Barros Arana, don Gonzalo Saavedra, y a otros directores de centros educacionales de la comuna, no aplicar la Ley 21.128 denominada "Ley Aula Segura", creada precisamente para dotar de herramientas legales a los directivos de los distintos establecimientos para detener los hechos de violencia".

"Abandono de deberes"

Schalper afirmó que, "si el contralor estima que acá la ley no ha sido aplicada, es decir que esta alcaldesa se ha puesto en posición de no ejecutar la ley, eso es un supuesto abandono de deberes, y por lo tanto un grupo de concejales podrían promover en el tribunal electoral regional una moción de destitución por notable abandono de deberes". El requerimiento se acompaña de recortes de prensa y pantallazos de las redes sociales de la alcaldesa donde manifiesta sus reparos a la ley Aula Segura.

Descargos de la alcaldesa

Consultada la alcaldesa de Santiago, respondió: "En el municipio de Santiago se están aplicando las distintas normativas vigentes para poder abordar un problema que se arrastra hace muchos años y de hecho se arrastra específicamente de la gestión que tuvieron personas del mismo partido que hoy día presentan esta acusación en Contraloría", aludiendo al exalcalde, Felipe Alessandri.

"Hay 577 procedimientos que se han abierto este año a propósito de hechos de faltas gravísimas en comunidades educativas de la comuna de Santiago. Esos procedimientos han derivado, gran parte de ellos, en sanciones, algunas incluso de expulsión, otras de cancelación de matrícula y otro tipo de sanciones que buscan mejorar la convivencia al interior de las comunidades", detalló. Hassler desmintió la acusación del exdirector del Inba: "No hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente y no solo no hay instrucciones, sino que la práctica da cuenta de más de 570 procesos disciplinarios. Particularmente aquellos que revisten calidad de delitos requieren también de ser sancionados en la justicia. Por eso en aquellos casos que se ha afectado directamente a nuestra comunidad, hemos tomado las acciones legales también y esperamos que la investigación pueda determinar a personas que sean responsables, como también la delegación presidencial ha tomado las acciones legales en aquellos casos que son en la vía pública".

"Persecución"

Lilian Vicent, exdirectora del Liceo Manuel Barros Borgoño, y directora del Liceo Darío Salas, quien actualmente se encuentra suspendida de sus funciones, comentó que la Ley Aula Segura, "apoya a los directores y al resto de la comunidad, protege al estudiante que comete este tipo de hechos (violentos), porque le asegura un debido proceso y al resto de la comunidad porque el violentista puede ser suspendido durante la investigación. Y además el ministerio tiene que reubicar al estudiante en una escuela donde existan profesionales adecuados para ayudarlo. Pero lamentablemente la ley no se ha a aplicado en el municipio. Los directores hemos sido amedrentados, hemos sido desvinculados, en mi caso estoy suspendida desde marzo porque la sostenedora, Irací Hassler, me ha perseguido desde que era concejala, desde que erradiqué la violencia en el Barros Borgoño he sido perseguida. Quiero dar un mensaje de esperanza: aún tenemos tiempo para erradicar la violencia, yo lo hice", dijo.

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