Son 13 las personas autorizadas para dejar este viernes los centros penitenciarios, en virtud del decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric y la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
En un comunicado de prensa, La Moneda informó inicialmente: "A solicitud del Presidente de la República, amparado en la ley 18.050, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, firmó el indulto particular en favor de 11 personas (después se comunicó que eran 13), quienes, como la ley exige, realizaron el trámite de solicitud formal del caso. El indulto presidencial es una facultad del Presidente de la República, consagrada en el artículo 32 N° 14 de la Constitución y en la Ley 18.050, que fija las normas generales para conceder".
Jorge Mauricio Mateluna (48 años): El exintegrante del FPMR es el de más edad entre los indultados y su condena no está relacionada con el estallido sino con un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel, en 2013, por lo que estaba condenado a 16 años de cárcel. La expresidenta Bachelet intentó indultarlo el último día de su segundo mandato, en 2018. En 2004 fue indultado por el expresidente Ricardo Lagos tras una condena a cadena perpetua en los años 90 por formación y pertenencia a grupos armados de combate.
Sebastián Emmanuel Montenegro Coo (25 años): fue condenado por el delito consumado de tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos o municiones en marzo de 2020, fueron los ilícitos por los que recibió la pena de tres años y un día de presidio.
Según la sentencia de junio de 2021 del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Antofagasta, fue detenido "por calle Maipú al oriente de avenida Argentina, encontrando al interior de la mochila que portaba una máscara de gases de color gris, dos cargadores tipo cajetilla calibre 5,56 milímetros para fusil de guerra y una caja con 29 municiones convencionales marca Winchester, calibre 17, para rifle y carabinas, especies respecto de las cuales carecía de autorización para su porte o tenencia". Esto ocurrió en la madrugada del 3 de marzo de 2020 cuando lanzaba piedras en una barricada.
Luis Arturo Castillo Opazo (37 años): fue condenado por desórdenes públicos, ilícitos de daños simples, robos consumados en lugar no habitado y un delito de daños calificados, todos en carácter de reiterados, por lo que recibió una pena de cuatro años de presidio menor, en su grado máximo. Según "Ex Ante", que cita una investigación del Ministerio Público, "el 13 de noviembre de 2019 organizó el avance de parte de una marcha que se realizaba en el centro de la ciudad, la que luego se dirigió hasta el edificio del Registro Civil de Copiapó, lugar al que junto a otras personas ingresaron luego de romper la reja de seguridad. Ocasión en que fue registrado en las cámaras de seguridad rompiendo una puerta de acceso al mencionado servicio, ingresando al interior para sustraer distintas especies. Posterior a ello, llamó a otras personas encapuchadas, hasta ahora desconocidas, con quienes ingresó nuevamente al lugar, los que finalmente prendieron fuego a las dependencias que originaron daños por un monto superior a los 15 millones de pesos".
Jordano Jesús Santander Riquelme (38 años): en 2021 fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por el homicidio frustrado de un funcionario de la PDI en San Antonio, por el delito consumado de receptación y por impedir el libre ejercicio de la autoridad, hechos perpetrados en marzo de 2020.
Cristián Marcelo Cayupan Queupil (30 años): sentenciado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado a una detective en Pudahuel en 2019. Con miras a obtener el beneplácito por parte del Presidente, se apela a que las mayores lesiones que sufrió la víctima y por lo cual lo condenaron, fueron fruto de la acción de otro funcionario policial.
Felipe Eduardo Santana Torres ( 22 años): fue condenado a siete años de presidio por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en 2019, en las inmediaciones de la catedral de Puerto Montt, Región de Los Lagos.
Juan Bastián Olguín Rivera (31 años): recibió condena a tres años y un día como autor del delito de incendio, y a 71 días de presidio como autor del delito de receptación, ocurridos en 2019.
Brandon Sebastián Rojas Cornejo (22 años): condenado a las penas de cinco años y un día de presidio por varios lanzamientos de bombas molotov; 61 días por asociación ilícita; y dos penas de 61 días por desórdenes públicos. Las penas debía cumplirlas de forma efectiva.
Bastián Ignacio Campos Gaete (22 años): condenado a las penas efectivas de 3 años y 61 días de presidio, en calidad de autor del delito consumado de porte de artefacto explosivo o incendiario y robo frustrado en lugar no habitado.
Francisco Andrés Hernández Riquelme (23 años): fue condenado por lanzar un artefacto incendiario en la vía pública en diciembre de 2019, cerca de Plaza Baquedano, por lo que cumplía condena de cinco años de cárcel.
Claudio Natanael Romero Domínguez (21 años): recibió condena de cinco años y un día de cárcel efectiva por delitos ocurridos en octubre de 2019 respecto a porte y lanzamiento de bombas incendiarias, y 61 días de presidio por asociación ilícita.
Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez (22 años): participó en el incendio que dañó la sede de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) en Providencia, cerca de la Plaza Baquedano, en 2019, por lo que fue sentenciado a cinco años y un día de prisión.
Matías Elías Rojas Marambio (21 años): recibió condena de cinco años de cárcel por lanzar un artefacto incendiario cerca a Plaza Baquedano en 2019, aunque fue absuelto en la investigación por el delito de incendio del Hotel Principado de Asturias donde figuraba como imputado.