"Desde agosto se hicieron medidas como no entrar las compras por la entrada principal, tenemos que hacerlo por la entrada del estacionamiento si llevamos paquetes, maletas, coches con bebé. Hay vecinos que le han abierto los paquetes para saber qué trasladan", cuenta una residente del edificio de 928 departamentos, ubicado en General Gana 1063, Santiago Centro.
Son cambios incómodos, dice otra arrendataria: "Llegó un equipo de seguridad al estilo Robocop, vestidos de negro con chalecos antibalas".
"Tuvimos que reinventarnos", explica Carolina Serey, administradora de R & S Administraciones y secretaria de la Asociación Gremial de los Administradores de Comunidades y Edificios de Chile. Hace dos años maneja la comunidad, y junto al Comité del edificio optaron por enfocarse en la seguridad para "limpiar" las malas prácticas de violencia, comercio ilegal, drogas, entre otros, que ocurrían en el lugar: "Había venta clandestina de alcohol lo que hacía que se pudiera estar carreteando en todo momento. También venta de droga, y prostitución. Detectamos diez guarderías informales, fuimos a denunciar a la municipalidad, pero nadie vino a supervisar, es mucho el riesgo porque si hay una emergencia, no sabemos cuántos niños hay adentro".
Son al menos cinco las medidas para reducir los problemas: "Al departamento que veíamos con giro comercial le aplicamos una multa de 10 UF, si era menos las pagaban y seguían", dice respecto al aumento de las sanciones.
Instalaron cámaras de seguridad con monitoreo 24/7: "Andaba gente con pistola en mano, que gracias a Dios se ha ido. Y ocurrió también que en el estacionamiento iba entrando un auto y otro saliendo y como no se pusieron de acuerdo quien pasaba, uno apuñaló al otro". Cambiaron los conserjes por una empresa de seguridad: "Externalizamos el servicio con personal con formación en seguridad táctica y defensa personal. Los conserjes no nos duraban porque la gente era muy agresiva".
Reemplazaron el sistema de acceso por QR, por autentificación por huella dactilar para enrolar los cerca de 4.000 que transitan al día. Esto generó que muchos de quienes cometían problemas o estaban de ilegales se fueran: "Hoy se puede vivir porque llegó un momento que Carabineros no venía ante denuncias de ruidos molestos y peleas en pasillos".
Cuenta que los gastos comunes no han subido mucho porque el grueso de la inversión se ha pagado con el fondo de reserva, y la mensualidad del arriendo del control de acceso cuesta $350.000 en total.
Este caso se suma a otros casos de edificios conflictivos que hay en la Capital, como la comunidad Providencia Plaza l, en la calle Diego de Velásquez, que automatizó el ingreso con torniquetes y ficha de antecedentes de cada invitado ya que el 30% de los 192 departamentos se dedicaba al comercio sexual y se generaban robos. Con ello, lograron ahuyentar este tipo de problemas y tener control de visitas.
Prioridad en seguridad
Sanndy Infante, psicóloga de la clínica del Ánimo y Ansiedad, dice que cuando una comunidad se enfrenta a un conflicto permanente, se genera más rabia, ira, roces, malas caras o se mete bulla al vecino. Y que ello ocurre cuando en un mismo lugar viven grupos con distintos intereses, sin tomar acuerdos, por lo que un tercero con una visión imparcial -como los administradores- ayudan con puntos de vista neutros para tomar medidas como normativas o multas, que llevan a evitar los roces.Valeria Morillo, encargada de Contenidos de la plataforma de administración Comunidad Feliz, comenta que hoy se evidencia una mayor preocupación por el tema de seguridad en comunidades y utilización de sistemas de control de acceso y protocolos más estrictos para ingresar a la comunidad: "Se ha vuelto una prioridad como medida para regular que solo las personas que ingresen el edificio vivan allí o estén registradas como visitas. O hay comunidades que prefieren establecer rondas de vigilancia entre conserjes, para evitar que se generen problemas desde el momento uno".