Internada en un hospital y fuera de riesgo vital. Así se mantiene la seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región del Ñuble, Cristina Martín, tras sufrir un aborto en su domicilio.
Los hechos ocurrieron pasada la medianoche del jueves y son materia de investigación por parte de la Fiscalía Regional del Ñuble. Preliminarmente, la pareja de la autoridad regional se presentó ante la guardia de la segunda comisaría de Carabineros de Chillán para denunciar que su pareja intentó realizarse un aborto.
Los funcionarios policiales concurrieron al inmueble que la pareja comparte en un condominio. En su interior se encontraba la socióloga y excandidata a constituyente. Fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Ñuble y quedó internada bajo el diagnóstico "aborto incompleto no especificado", según informó el mismo centro asistencial.
La denuncia presentada por la pareja de la seremi fue remitida a la Fiscalía Regional de Chillán. Por instrucción del persecutor de turno, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Tanto el Ministerio Público como la policía civil declinaron a referirse al tema.
"Estamos atentos al curso judicial"
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió al tema en el programa "Gobierno informa" de este jueves. Dijo sentirse "preocupada" por el estado de salud de la seremi y que estarían atentos al curso judicial de la causa."Quiero expresar mi preocupación por el estado de salud de nuestra seremi. Ella se encuentra hospitalizada, por lo que quisiera hacer el llamado a respetar sus derechos como paciente", dijo Orellana. "Como ministerio estamos recabando todos los antecedentes pertinentes. Respecto a mi opinión personal, es conocida la opinión del gobierno respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, estamos atentos al curso judicial que tome esto".
Además, la ministra aprovechó de reafirmar la postura del Ejecutivo respecto al aborto libre. "Para enfrentar esta discusión se ve cuesta arriba con las actuales 'manguerías' en el Congreso. Requerimos tener un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo, porque hay distintas posiciones entre los movimientos de profesionales, las organizaciones de mujeres".
Asesora de la Fiscalía
Según la abogada asesora de la Fiscalía Regional de Ñuble, Deysi Salinas Lizama, la denuncia realizada es en contra de la socióloga. "Se señala que es ella quien se habría practicado el aborto. Ahora, si eso es efectivo o no lo vamos a saber más adelante, cuando tengamos el resultado de las diligencias", dijo.Además, enfatizó que "no está acreditado el delito en sí. Muchas de las diligencias por ser biológicas o bioquímicas van a tener sus resultados con posterioridad".
¿Qué dice la ley?
Cabe recordar que el aborto sigue prohibido por el Código Penal. "La mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo", dice el artículo 344. "Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio", agrega el texto.Penalista...
De acuerdo a la penalista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y especialista en temas de género, Susana Gatica, "generar un aborto está prohibido, es delito. Ahora, con las tres causales se 'perdona' a la mujer que aborta, porque son justificantes de responsabilidad penal. Cualquier aborto debe ser investigado, pero si se establece que ocurrió dentro de las tres causales entonces la persecución penal debe terminar".Las tres causales consideradas en la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo son cuando está en peligro la vida de la mujer, si existe inviabilidad fetal de carácter letal o se está en presencia de un embarazo por violación. Si no concurren esas circunstancias, la madre puede recibir una sanción de tres a cinco años de presidio.
Aunque las penas son severas, la abogada Gatica dice no conocer "ninguna condena por aborto en los últimos años. No es común". Además, pone énfasis que el caso de la seremi se encuentra en su primera etapa procesal y debe ser investigado.
"Uno no puede decir que hay un delito si un tribunal no lo determina así. Mientras no está condenada, la persona no ha cometido delito y se presume inocente. En este caso tenemos que poner en duda todo, no sabemos si la persona estaba embarazada y perdió la guagua o tomó algún medicamento o algo para abortar. Lo que sabemos es que la pareja la denunció a ella", acota.