Una pistola y un revólver incautó el OS-9 de Carabineros en allanamientos a casas de gendarmes del Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena, la madrugada del viernes pasado. A simple vista no parecía raro, considerando que se trata de funcionarios de una institución de las "Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública", pero había pequeños detalles que no se podían pasar por alto.
Había indicios de que la pistola había estado en un domicilio que no correspondía al de su inscripción y un revólver aparecía inscrito a nombre de una persona que no era la que lo guardaba. Parecen infracciones que podrían considerarse menores de la Ley 17.798, de Control de Armas y Explosivos, pero la Fiscalía Metropolitana Occidente los está investigando, porque podrían ser indicios de que habrían participado en un delito mayor: tráfico de armas.
"Gracias a información residual respecto a la comisión de posibles ilícitos en recintos penitenciarios, se detectó una red de funcionarios de Gendarmería, quienes, a cambio de pagos en dinero, proporcionaban cobertura y apoyo a grupos delictuales para cometer delitos", dice un comunicado de la Fiscalía Occidente. "Dichos antecedentes preliminares permitieron detectar, a su vez, una red para el tráfico de armas de distinto calibre y municiones, efectuado desde distintos recintos penales por un grupo de internos", explica. En principio, el tráfico de armas recaería sobre los internos, pero no se descarta que abarque también a los gendarmes. El mismo comunicado cuenta que una de las armas incautadas tiene el número de serie borrado. "Las transacciones eran coordinadas desde el interior de los recintos y se concretaban mediante una red de testaferros que recibía los pagos, para luego realizar las entregas en distintos puntos", explica.
Diez gendarmes, uno de ellos en proceso de retiro, dos de sus parejas y cuatro personas más fueron detenidas en La Serena. La Fiscalía Occidente asegura que seis internos de esa y de otras cárceles del país completaban lo que califica como una "asociación ilícita" que se habría dedicado además al tráfico de drogas y al lavado de activos.
La defensa
"Creemos que el proceso hasta ahora no ha sido del todo regular, porque hasta el día de hoy no se ha ni siquiera individualizado con claridad los delitos imputados a nuestros defendidos. Sólo se ha hablado de cohecho y lavado de activos", responde el abogado Carlo Silva, defensor de los gendarmes. El cohecho es el supuesto soborno que recibe un funcionario público.Cuenta que el viernes, durante la audiencia de control de detención en La Serena, él tuvo que exigir que le explicaran de qué son acusados sus defendidos. "La resolución que ordenó la detención de los funcionarios, las órdenes de entrada y registro, la incautación de objetos, no dice absolutamente nada", asegura. Esa resolución fue extendida el 5 de junio pasado, por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y otorga un plazo de 15 días para ejecutar las detenciones y los allanamientos.
Agrega que la detención fue "desproporcionada" y que la investigación fue declarada secreta. Ni siquiera él, dice, ha podido conocer los antecedentes de la carpeta investigativa. La Fiscalía Occidente dice que los gendarmes habrían hecho vista gorda en la Cárcel de Huachalalume. Por ejemplo, en el momento del desencierro, es decir cuando los internos deben obligatoriamente salir al patio, los funcionarios habrían permitido que algunos siguieran en sus celdas, para llamar por teléfono con tranquilidad al exterior y coordinar algunos delitos.
El fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, dijo que la investigación comenzó hace un año. "Tuvo por objeto desbaratar una organización que desde el interior de las cárceles traficaba armas de fuego y municiones para ser utilizadas en el exterior, para la comisión de distintos tipos de ilícitos. En el marco de esta investigación, además, con la información residual, se encontró y se ubicó una red de funcionarios activos de Gendarmería que en la Cuarta Región se dedicaban a hacer ingreso hacia el establecimiento penitenciario de distintos elementos prohibidos por el reglamento, previo pago de sumas de dinero por parte de internos y familiares de los internos", explicó.
En las casas de los gendarmes, Carabineros también incautó siete vehículos, 28 teléfonos celulares, 3,8 kilos de droga, entre clorhidrato, cocaína base y cannabis, tres pesas digitales, 18,5 millones de pesos en efectivo, 970 mil pesos en dinero falsificado y 114 municiones principalmente calibre 38, 9 milímetros y 7.62, considerada munición de guerra.